EFE/M. A.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa, Vicente
Torres, aseguró ayer que el levantamiento de la moratoria
urbanística del municipio tendrá un efecto «puntual» en la
concesión de licencias. La moratoria se levantará el próximo 11 de
septiembre porque se ha cumplido el plazo máximo de suspensión de
permisos de obras establecido por la administración municipal, a
pesar de que la revisión del Plan general de Ordenación Urbana
(PGOU) aún no se ha aprobado y por tanto supondrá que volverá a
entrar en vigor el PGOU de 1987. Torres confirmó que se tendrán que
revisar entre 30 y 40 licencias que se solicitaron antes del inicio
de la moratoria y que todas las que se demanden desde ahora hasta
la aprobación definitiva del PGOU tendrán que otorgarse basándose
en el antiguo plan. El retraso «no ha sido una cuestión técnica»,
según Torres, «sino que responde a la voluntad del Ayuntamiento de
hacer una segunda exposición pública para que quede claro el
espíritu del plan». El levantamiento de la moratoria es «una
contrariedad» para el Ayuntamiento que reconoce que «se dará alguna
licencia que según el nuevo plan no se daría», pero insiste en que
ese es «un peaje que hay que pagar». Torres aseguró que el efecto
será «sólo puntual» porque «durante la moratoria se han estado
dando licencias en toda la ciudad». «El caso es que las zonas donde
se puede construir como el Paseo Marítimo, Can Misses o Cas Serres
son zonas de planeamiento incorporado que siguen teniendo la misma
calificación que en el Plan de 1987», apuntó. El concejal espera
que la aprobación provisional en el Consistorio del nuevo PGOU se
lleve a cabo a finales de septiembre y que la aprobación del
Consell no tarde «más de unos meses». Tras este trámite el
documento volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva y
entrada en vigor.
Por su parte, el grupo municipal popular ofreció ayer en un comunicado su «colaboración para hacer posible que, finalmente, el Plan General del municipio pueda ver la luz».
El PP reiteró su preocupación por las consecuencias que se pueden derivar del retraso en la aprobación de la revisión del PGOU, causada «por los desacuerdos surgidos entre los diferentes partidos políticos que componen el Pacte». Asimismo, señala que las propuestas de ejecutivo local se acercan cada vez más a las del PP.