M.A/E.P.
El consejo escolar del colegio público de Can Coix, en Sant Antoni,
decidió ayer por unanimidad proponer a la Conselleria balear d'
Educació que las clases en el centro comiencen, tanto en el caso de
infantil como en el de primaria, el próximo día 20.
Tras confirmar la situación actual de las obras de refuerzo de la estructura, que la empresa constructora garantizó que estarán finalizadas en el plazo previsto (el día 15) y después de un amplio debate, profesores, padres y representantes de la administración municipal de Sant Antoni decidieron que la opción más acertada era retrasar una semana el inicio de curso con la intención de garantizar un comienzo «en buenas condiciones».
La delegada territorial de Educació en las Pitiüses, Pilar Marí, trasladará la petición del consejo escolar a la dirección general de Planificació i Centres del Govern, que debe ser quien tome la decisión final. «Padres y profesores prefieren comenzar el curso con todas las aulas terminadas y la conselleria tendrá muy en cuenta esta solicitud pero hay que estudiar todos los pros y contras», señaló Marí, recordando que los alumnos de infantil podrían empezar ya el día 13, como en el resto de centros educativos, ya que la reforma sólo se está llevando a cabo en los pisos superiores del centro, donde están situadas las aulas de primaria.
Los trabajos de refuerzo de estructura comenzaron en agosto, tras encargar por urgencia la redacción del proyecto de obras y su adjudicación. Fue el Ayuntamiento de Sant Antoni quien ha tenido que hacer frente a estas actuaciones para poder intervenir con mayor celeridad pero está previsto que sea el Govern quien finalmente financie los trabajos.
Pilar Marí reiteró que desde las administraciones se ha actuado con la máxima celeridad para poder finalizar las obras para el comienzo del curso escolar.
El sindicato de enseñanza Stei-i se posicionó ayer en contra de la orden que quiere aprobar la Conselleria balear d' Educació que permitirá que los padres y madres escojan la lengua de enseñanza de sus hijos porque, en su opinión, «no contribuye a la cohesión social, ni a la normalización lingüística» y además «creará crispación en los centros y en la sociedad en general». En opinión de este sindicato, esta medida entra en contradicción con los proyectos educativos de los centros.