El Govern propondrá a nivel autonómico modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el fin de poder delimitar en toda su amplitud el uso turístico y residencial de las viviendas vacacionales, ya que en dicha ley hay un vacío normativo que propicia el actual fraude fiscal y competencia desleal turística que se está produciendo en todas las zonas turísticas de nuestro país, entre ellas Balears y Canarias. El director general d'Ordenació de la Conselleria de Turisme, Josep Aloy, indica que el turismo residencial es un segmento de oferta de alojamiento en auge en todos destinos vacacionales, cuya regulación, por entrar en concurrencia con la Ley de Arrendamientos Urbanos, «genera unos vacíos legales normativos que dificultan su reglamentación, de ahí los problemas que surgen en materia de ordenación turística y fiscal a la hora de poder controlar su actividad. La modificación normativa de la LAU, que se tiene que realizar de forma consensuada a nivel autonómico, tiene que delimitar perfectamente el arrendamiento urbano de la comercialización turística».
La modificación que quiere plantear el Ejecutivo autonómico que preside Jaume Matas a nivel nacional para lograr la modificación de la LAU, estriba en el espectacular auge del turismo residencial en las Islas, que tiene en las viviendas vacacionales su máxima expresión, circunstancia que ha sido objeto por parte de las patronales, asociaciones empresariales e instituciones turísticas de quejas generalizadas por su competencia desleal respecto a la actividad turística reglada. El objeto del cambio de reglamentación en la LAU es tener delimitado todo lo que respecta a los arrendamientos urbanos vía alquileres, «pero que también se regule el uso turístico, puesto que cuando una vivienda se comercializa a través de un intermediario, tiene una rotación de temporalidad en su uso y ofrece servicios, está claro que ya no es un simple arrendamiento urbano y sí una actividad puramente turística. Esta actividad es la que conlleva a error y generar un fraude turístico y fiscal», puntualiza Aloy.Si la Ley de Arrendamientos Urbanos regula el uso residencial y turístico en las viviendas, en opinión de la Conselleria de Turisme, «permitirá aflorar toda la oferta residencial turística, que tendrá que inscribirse en un registro para su control y delimitación, con el fin de que los usuarios de este segmento vacacional puedan tener los mismos derechos de los que disfrutan los turistas en el resto de la oferta de alojamiento turística. Ahora, no se pueden garantizar ni averiguar si cumplen o no la normativa turística vigente, puesto que no hay control alguno al no estar delimitado su uso turístico, por lo que los beneficiarios de este tipo de alojamiento no se podían acoger a toda la reglamentación turística vigente que regula la calidad de los servicios y exigencia de cumplimiento de la normativa turística». El director general de Ordenació Turistica añade que al poder regular esta actividad desde el punto de vista turístico, quedará de esta manera solventado un vacío legal que propicia el fraude fiscal y turístico en Balears y resto de destinos vacacionales de nuestro país.