El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eivissa contempla la expropiación del Teatro Pereira, propiedad de la familia Matutes. Así aparece en la memoria de gestión del planeamiento urbanístico, aprobado inicialmente el 15 de diciembre, en el que se establece la rehabilitación y gestión pública del histórico inmueble. En concreto, el PGOU marca como objetivo conseguir la titularidad del teatro y su posterior reforma para su uso como equipamiento recreativo. La ficha de esta acción, incluida en el plan, determina que se realizará por «el sistema de expropiación». Especifica, eso sí, que se trata de una iniciativa municipal y del Consell.
No obstante, este proyecto contrasta con los planes del nuevo gobierno del Consell, que el pasado verano acordó con la familia Matutes la cesión del teatro hasta 2017. Ambas partes firmaron un convenio por el que el Consell asume gratis hasta 2017 la gestión del inmueble para la organización de actividades culturales y divulgativas y, a cambio, la máxima institución insular se hace cargo de la reforma del interior. La propiedad también tiene derecho a hacer el uso que quiera del teatro 25 días al año.
La oposición criticó las condiciones del acuerdo, especialmente porque se cerró sin conocer el coste de la rehabilitación. El conseller insular de Patrimoni, Joan Marí Tur, afirmó recientemente su intención de que a finales de este año, coincidiendo con las fiestas de Navidad, puedan estar ya listas las obras de rehabilitación del interior.
La Ley de Patrimoni especifica que es competencia del Consell la expropiación por «interés social» de los bienes protegidos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) anuló el año pasado, estimando el recurso presentado por la empresa propietaria, el acuerdo de pleno del Consell del 22 de diciembre de 2000 en el que se declaraba el edificio Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que se entiende que ya no es competencia del Consell la expropiación del inmueble.
Paradójicamente, la familia Matutes hizo público el día de la firma del convenio su voluntad de que el gobierno del Consell iniciara de nuevo la tramitación del BIC. «Hemos autorizado al Consell a que inicie el expediente BIC, lo que quiere decir que la familia Matutes se erige en la primera que demanda que se le proteja», explicó Abel Matutes Tur. En todo caso, el Consell aún no ha retirado el cartel, de color rosado, que informa de que es un BIC.