La directora general de Biodiversidad, Joana Xamena, afirmó ayer a este periódico que el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Natural de ses Salines no se aprobará hasta el 1 de enero de 2006, que es el margen de tiempo del que dispone la Conselleria de Medi Ambient tras la prórroga de un año aprobada con la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado.
La Ley del Parque Natural de ses Salines aprobada el 19 de diciembre de 2001 fijaba un plazo máximo de tres años para la aprobación del PRUG, que es la herramienta que debe delimitar los suelos urbanos y urbanizables de la zona, así como el fondeo de embarcaciones o las zonas de aparcamiento, entre otras cosas.
El pleno del Consell aprobó en julio del año pasado por unanimidad una moción presentada por el Pacte en la que instaban al Govern balear a que se aprobara el PRUG antes de final de año, coincidiendo con el término del plazo fijado por la ley.
Hasta la aprobación del PRUG, la clasificación de los suelos urbanos se mantiene suspendida. Xamena explicó que la Conselleria de Medi Ambient ha encargado un estudio sobre el grado de consolidación de los suelos urbanos de la zona y que, una vez recibido, se convocarán las mesas de redacción del plan, lo cual se iniciará seguramente a partir del mes que viene o el siguiente.
El trabajo de redacción se prolongará durante tres meses aproximadamente. Luego habrá otros tres meses de exposición publica y de presentación y contestación de alegaciones antes de su aprobación a través de un decreto, según indicó Xamena, que confía en que todos estos trámites estén resueltos el 1 de enero. «Si podemos tenerlo el 1 de diciembre mejor», apuntó.
Xamena afirma que desconoce las conclusiones del estudio encargado sobre la clasificación del suelo en el Parque Natural, aunque, según dijo, no tiene que haber ningún problema para que «lo que está consolidado se pueda mantener». El Tribunal Superior de Justicia desestimó hace unas semanas un recurso presentado por un grupo de propietarios de terrenos de ses Salines contra el PORN, que, entre otras cosas, argumentaban que la suspensión de la clasificación del suelo atenta contra la legislación urbanística.