El Govern acudirá a los tribunales para que el Gobierno pague los más de 300 millones de euros que costarán los 26 obras de carreteras incluidas en el convenio que anuló hace unos meses la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez. La vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, anunció que el Consell de Govern ha decidido llevar al Gobierno a los tribunales para que pague las cantidades adeudadas.
La presentación de este recurso se acordó ayer a pesar de que hay plazo hasta septiembre ya que durante todo el mes de agosto no se reunirá el Consell de Govern y la Abogacía de la Comunitat considera que se debe presentar. Pese a la presentación de este recurso, la vicepresidenta del Ejecutivo reiteró en varias ocasiones durante toda su intervención que la voluntad del Ejecutivo es tratar de alcanzar un acuerdo negociado con el Gobierno. «La voluntad del Govern es sentarse a negociar», afirmó Estaràs.
La vicepresidenta recordó que ya hay unas negociaciones abiertas con el Gobierno central sobre esta materia y sobre la posibilidad de que el nuevo convenio que ha ofrecido la ministra de Fomento se negocie directamente con los consells insulars. Por ello, la vicepresidenta suplicó al Gobierno que vuelva a convocar la comisión que debe estudiar estas inversiones.Entre las obras afectadas por las discrepancias entre el Govern y el Gobierno se encuentran todas aquellas que el Govern inicio por su cuenta ya que entendía que el convenio le daba esta posibilidad. Son la variante de Son Ferriol, el desdoblamiento a la UIB, el desdoblamiento de Inca-Sa Pobla, el tercer carril de la autopista a Inca, la prolongación de la autopista de Ponent, la autopista a Llucmajor y el túnel de sa Mola, entre otras.
Por otra parte, el Govern balear acordó además presentar un requerimiento previo al Gobierno, concretamente al Imserso, ante el impago de la aportación estatal para la construcción de residencias para mayores, enfermos de alzheimer y discapacitados. El Gobierno se comprometió a aportar 25 millones de euros a la Comunitat entre 2004 y 2008, pero hasta la fecha sólo ha abonado la primera anualidad.
El requerimiento estipula que, si en el plazo de un mes el Gobierno central no aporta la financiación que adeuda a la Comunitat Autònoma -cinco millones de euros, hasta la fecha- se interpondrá un recurso contencioso administrativo similar al que ayer mismo se acordó en materia de carreteras. El acuerdo cuyo cumplimiento reclama el Govern se firmó el 9 de marzo de 2004.