El 20 de julio el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) envió una carta a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Lurdes Costa, para desmentir las declaraciones que realizó hace unos meses a los medios de comunicación y afirmar que el informe que realizó uno de sus técnicos en octubre «no fue favorable», como dijo Costa, «sino muy negativo» a las obras de adecuación del edificio de Can Botino para usos municipales.
La carta de este ente dependiente del Comité de Patrimonio de la Unesco la mostró ayer a los medios el arquitecto Salvador Roig, que el año pasado denunció ante Icomos el proyecto que se está llevando a cabo en este emblemático edificio de Dalt Vila por considerar que incumple el plan especial de protección de Dalt Vila, la leyes de Patrimonio estatales y autonómicas y los convenios para la Protección del Patrimonio Mundial.
El arquitecto envió el pasado lunes una carta al director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarin, para solicitarle que haga público el informe de Icomos, que el Ayuntamiento de Eivissa confirmó ayer que no ha recibido.
En la carta a Lurdes Costa este organismo afirma que la intervención en Can Botino «subvierte sustancialmente la autenticidad y la integridad del edificio y los espacios libres adyacentes» y «significa un mal ejemplo de actuación sobre el patrimonio de una institución pública». Salvador Roig se felicitó por estas declaraciones que, entiende, «dan cierta credibilidad a mis denuncias» y reiteró que «es muy probable que estemos delante de una ilegalidad que han permitido Ayuntamiento y Consell». Por estos motivos reclamó «responsabilidades políticas dentro del Consorci Patrimoni» tanto a la administración municipal como a la máxima institución pitiusa. Entre los aspectos que denuncia el arquitecto del proyecto está el de «haber derruido la parte superior del muro trastocando las proporciones del edificio».