El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), el Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) y Amics de la Terra han presentado en el Parlament balear, conjuntamente con otras asociaciones y plataformas ecologistas de Balears, una proposición de ley relativa a «medidas de emergencia en materia de protección ambiental, de infraestructuras, ordenación del territorio y espacios naturales» para frenar «la destrucción territorial y el deterioro ambiental sin precedentes que está sufriendo Balears y en espacial las Pitiüses».
La Ley 4/ 1991 determina que los ciudadanos censados en Balears tienen el derecho a ejercer, tal como especifica el artículo 26.4 del Estatut d'Autonomia, una iniciativa legislativa popular. Para que esta proposición de ley se llegue a debatir en el Parlament balear, primero, los servicios jurídicos de la Cámara deben aceptar su entrada, y acto seguido, una vez superado este trámite, se abre un periodo de tres meses para la presentación de 10.000 firmas ciudadanas que avalen la propuesta. Los ecologistas, sin embargo, confían en lograr muchas más como una prueba de fuerza ante la administración autonómica.
Esta proposición de ley, que, según el GEN, se trata de «una serie de medidas de mínimos», pretende que en las Pitiüses se prohíba la construcción de nuevos campos de golf, centros comerciales o parques temáticos, así como de proyectos de autovía y autopistas. Otro de los puntos en los que incide esta propuesta, formada por cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y otra final, es en los proyectos de infraestructuras portuarias. Así, los ecologistas reivindican que se imposibilite que los nuevos diques puedan tener más de 30 metros lineales y que se prohiba la creación de nuevos puertos o dársenas, ni ampliaciones que supongan un aumento del 20 por ciento del espejo de agua y un 10 por ciento de la superficie terrestre de las instalaciones e infraestructuras portuarias existentes a la entrada en vigor de la Ley de Puertos. Esta medida, prevista en el artículo 3 de la citada proposición de ley, afecta al proyecto de ampliación previsto por la Autoritat Portuària en el puerto de Eivissa y el de la Savina, en Formentera.