La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, absolvió ayer in voce a los nueve acusados de la promotora Progen S.A. y la constructora Brues S.A. que ocuparon ayer el banquillo para responder por unos hechos que ocurrieron hace más de cinco años en la urbanización de es Pouet, en Talamanca, cuando el Consell Insular, gobernado entonces por el Pacte Progressista, ordenó paralizar las obras que se estaban llevando a cabo allí tras aprobar una moratoria urbanística para realizar el Plan Territorial Insular (PTI) que había empezado a tramitar.
Después de tomar declaración a los acusados y escuchar a los testigos, la jueza concluyó que no se había probado el delito de desobediencia por el que el Ministerio Fiscal pedía que se les condenara a diez meses de cárcel a cada uno y se les inhabilitase para su profesión durante este tiempo.
A falta de conocer los términos de la sentencia por escrito, la jueza hizo suyos los alegatos de la defensa, que esgrimió, entre otros argumentos, que el Consell Insular no era la administración competente para paralizar las obras ni notificó la orden formalmente. Asimismo, la defensa recordó que sí se acató la orden de suspensión de los trabajos dictada por los juzgados en septiembre, y señaló que tampoco había quedado demostrado si realmente continuaron las obras después de ser precintadas. También hizo notar que los trabajos que se realizaban en la urbanización estaban prácticamente terminados en agosto y que sólo quedaban obras de remate. El Ministerio Fiscal anunció que no recurrirá la sentencia.
En el transcurso del juicio, seis de los nueve acusados aseguraron estar de vacaciones o de viaje cuando se produjeron los hechos y que no tuvieron conocimiento de la situación hasta más tarde. Todos aseguraron además desconocer quién pudo ordenar que se desprecintaran las obras.