Los afectados han presentado esta denuncia a raíz de la carta recibida estos días por la empresa constructora en la que se les comunica que a partir de mañana, «y siguiendo órdenes de la Conselleria d'Obres Públiques del Govern», van a empezar los trabajos previstos en sus parcelas «con labores de despeje y desbroce del terreno continuado con las demoliciones, para las cuales se dará un periodo de desalojo más que razonable».
Los denunciantes afirman en su denuncia que en dicha comunicación no se justifica resolución administrativa alguna, lo que a su entender supone «un absoluto desprecio a la propiedad privada». Dicen que dicha supuesta orden dada por la Conselleria d'Obres Públiques no resulta creíble porque a día de hoy este organismo «no ha levantado siquiera el acta previa de ocupación de los terrenos, ni realizado el depósito y ofrecido las cantidades indemnizatorias por pronta ocupación, ni levantado el acta de ocupación de la finca». La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, informó a finales de noviembre que durante esa semana se iba a cerrar el proceso de expropiación, ingresando en la caja general de depósitos el dinero que le correspondía a los propietarios que, alegando irregularidades, se negaron a firmar las actas previas de ocupación.
Los afectados creen que el escrito de la constructora tiene «fines intimidatorios» y que, por tanto, puede ser constitutivo de «un delito de amenazas hechas por escrito, tipificado en el artículo 169 del Código Penal, por cuanto se nos amenaza con causarnos unos daños que constituyen delitos contra nuestro patrimonio y nuestra libertad». Los denunciantes instan al juez a se dirija a la empresa constructora para que «se abstenga de entrar u ocupar y realizar actuación alguna» en las