La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, destacó ayer que el 99,9 por ciento de las expropiaciones se han realizado correctamente:«Respeto las denuncias judiciales, pero por lo que a mi me consta es que está todo perfectamente ocupado y que no se entró en ninguna propiedad sin el acta previa de ocupación». En este sentido, criticó al Ayuntamiento de Eivissa por «entorpecer los trabajos y mal informar a los propietarios». Cabrer aseguró que desde el Govern se ha pagado correctamente a los propietarios con los precios que existen en el mercado: «Aquellos que no han firmado el acta de ocupación deben saber que su dinero está en la caja general de depósitos y deberán pedir responsabilidades a aquellos que les asesoraron en su momento».
En relación al inicio de las obras de la carretera de Sant Antoni, la consellera balear d'Obres Públiques señaló que ya «han empezado a pleno rendimiento», al igual que lo ha hecho el nuevo acceso del aeropuerto: «Desde el Govern se afrontará en primer término las conexiones que afectan a las carreteras generales». En este sentido, apuntó que en los próximos 15 días se procedería a abrir el segundo cinturón de ronda y que «en un año y medio podamos tenerlo todo listo tal y como teníamos previsto desde el principio». Por otro lado, destacó el trabajo de las instituciones por apostar por la mejora de la siniestralidad y la calidad de vida de los ciudadanos: «Con estas mejoras se certificará que era importante acabar con el déficit de las infraestructuras de Eivissa».
Por otra parte, ENE denunció ayer que el trazado de la nueva carretera de acceso al aeropuerto de Eivissa «ha sufrido cambios importantes» que «se han ocultado a los afectados por el proyecto, al Parlamento de Balears y a la opinión pública». ENE difundió ayer un comunicado en el que reclama al PP y al Govern la paralización de las obras, la depuración de los hechos y la reconsideración del proyecto. Según este grupo, está previsto que a la altura del hipódromo de San Jordi la vía pase de estar sepultada unos metros a ir alzada unos dos metros sobre el nivel. A su parecer, este hecho es «muy grave» porque «se ha alterado el trazado en función de no se sabe qué intereses, hurtando a la participación ciudadana los cambios».