E. RODRÍGUEZ / M.ALVITE
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) dictó ayer un
auto por el que ordena, como «medida cautelar provisionalísima», la
paralización de los trabajos de construcción de la autovía del
aeropuerto en la finca de Pere Torres, Casetes, en Sant Jordi,
donde el miércoles un grupo de medio centenar de antiautopistas fue
desalojado por la fuerza por un contingente de 32 efectivos de la
Guardia Civil cuando trataba de impedir el paso de la máquina
excavadora.
La mayor instancia judicial en Balears ha citado al propietario de la finca y a la Conselleria balear d'Obres Públiques el lunes a las 13'30 horas para aclarar si la Administración ha actuado por la vía de hecho, tal y como sostiene la parte denunciante. El propietario de la finca interpuso el miércoles por la mañana un recurso contencioso administrativo ante la Sala contra la ocupación de sus terrenos al entender que ésta se ha efectuado de manera ilegal.
Pere Torres se negó en su día a firmar el acta previa de ocupación porque no compareció ningún representante del Ayuntamiento de Sant Josep, en contra de lo que dice la ley, e incluso un notario levantó acta de ello. La Conselleria d'Obres Públiques entiende, en cambio, que la constructora puede ocupar los terrenos porque ya ha ingresado en la Caja de Depósitos el dinero que corresponde a esta expropiación.
El TSJ pretende aclarar el lunes si el Govern ha actuado por la vía de hecho, que, según dice en el auto, «surge en el caso de la inexistencia del procedimiento expropiatorio, como cuando faltan sus elementos esenciales». Los antiautopistas trataron de boicotear las obras porque defienden que la finca aún no ha sido expropiada. Es más, el mismo día pidieron una nota registral en el registro de la Propiedad para certificar que aún aparece Pere Torres como propietario de la finca.
Por su parte, el presidente del Consell, Pere Palau, aseguró ayer por la tarde, en la colocación de la primera piedra de las obras de ampliación de la carretera de Sant Rafel, que desconocía el auto del TSJ y que, en todo caso, al ser viernes, «no supondrá que se retrase la obra». Marcos Lluy, portavoz de la Plataforma Antiautopista, indicó que ahora la Guardia Civil debe vigilar que no entren las máquinas en esta finca.