El consejo escolar del colegio público Sant Jordi envió ayer un escrito al Govern balear y al Consell Insular d'Eivissa i Formentera solicitando la paralización de los trabajos de montaje de la planta asfáltica que MAB ha instalado a menos de 300 metros del centro educativo para las obras de autovía del aeropuerto y reclamando su retirada definitiva «por el peligro que comporta para la salud de las personas en general y de los alumnos de la escuela, en particular». Según explicó uno de los miembros de consejo escolar y presidente de la Asociación de Padres y Madres y Alumnos del colegio de Sant Jordi, José Suñer, «la denuncia se ha remitido al presidente del Consell, Pere Palau, a la Conselleria balear d'Obres Públiques, a la Conselleria de Medi Ambient, al Consejo balear del Ruido, al presidente de la Comisión de Actividades Clasificadas del Consell y al presidente de la Comisión balear de Medi Ambient». Asimismo, el próximo lunes el documento se remitirá al Ayuntamiento de Sant Josep. En la carta el consejo escolar denuncia que, según los decretos que regulan las actividades molestas, las actividades industriales temporales y el que se refiere a la clasificación de actividades industriales, la ubicación actual de la planta «no se atiene a la legalidad» porque, según afirmó Suñer, «no está a la distancia necesaria del núcleo urbano y porque no se han tramitado su autorización delante de los estamentos oportunos».
La decisión de presentar todas estas denuncias se adoptó en la reunión extraordinaria que el consejo escolar del colegio de Sant Jordi realizó el pasado viernes. En el encuentro se acordó apoyar las denuncias presentadas por la APiMA sobre la planta asfáltica y dirigirse también a la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern para explicarle la situación y manifestarle la preocupación de toda la comunidad escolar ante la misma con el fin de que se adopten las medidas oportunas.
Por otra parte, la asociación de padres y madres del centro educativo ha adelantado a mañana la reunión de la asamblea prevista el miércoles para debatir el asunto y estudiar medidas de presión para evitar que la planta continúe en la actual ubicación. A petición del Govern, el viernes el Consistorio levantó la orden que había dado para paralizar la instalación.