Un grupo de medio centenar de antiautopistas volvió ayer a boicotear las obras de construcción de la autovía del aeropuerto en otra finca de Sant Jordi, situada frente a la casa payesa de ca na Palleva propiedad de Motonáutica Ibiza S.A. En esta ocasión, no intervino la Guardia Civil pese a que ésta fue requerida por la constructora, la UTE Accesos Ibiza formada por Matías Arrom Bibiloni y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., que presentó al propietario de la finca y a los agentes de las fuerzas del Estado un acta de ocupación del terreno.
Mariano Torres, administrador de Motonáutica Ibiza S.A., se negó a que una máquina invadiera el terreno, con el apoyo del grupo de antiautopistas, entre los que había algunos políticos de la izquierda y estudiantes, porque, según él, no se levantó acta previa de ocupación de la finca dado que la Conselleria d'Obres Públiques le citó un día antes y éste se encontraba de viaje, «cuando la ley de expropiación forzosa marca una antelación de ocho días». Torres aseguró, además, que dicha citación contenía otras deficiencias como el nombre de los titulares de la finca. Motonáutica Ibiza comparte a medias una de las dos fincas afectadas por la autovía con Río España S.A.
Por todo ello, Mariano Torres presentó una denuncia en el Juzgado de guardia por la ocupación irregular, a su entender, del terreno de su propiedad. «Es difícil de entender que la administración actúe con tal cúmulo de errores», señaló. La UTE Accesos Ibiza hizo lo mismo y presentó otra denuncia ante el mismo Juzgado contra los manifestantes por el lucro cesante, las pérdidas económicas que supone tener una máquina excavadora y operarios parados durante una jornada de trabajo.
Ante la oposición de los antiautopistas, que se concentraron a las 7 horas en ca na Palleva pensando que allí iban a aparecer las máquinas y no en la finca de enfrente, la constructora llamó a la Guardia Civil, que se personó a las 8,24 horas. En total, hubo hasta seis agentes, con el capitán de la Guardia Civil al frente, pendientes toda la mañana de una orden de la Dirección Insular del Estado. Los agentes aguantaron hasta la hora de la comida (13,30 horas aproximadamente), que fue cuando el operario de la máquina abandonó el lugar. Los antiautopistas se fueron relevando durante toda la mañana para que siempre hubiera al menos unas 20 personas, mientras los responsables de la constructora esperaban de brazos cruzados una decisión de los agentes.
También estuvo en la finca el jefe del departamento d'Obres Públiques del Govern, José Morell, quien conversó con los responsables de la constructora y el capitán de la Guardia Civil. Morell aseguró que la Conselleria d'Obres Públiques no puede intervenir en este asunto. Subrayó, eso sí, que las actas de ocupación están bien tramitadas y, por tanto, la constructora puede ocupar las fincas afectadas.