«Somos conscientes de que el conflicto surge por unos proyectos que se llevan a cabo sin consenso (...) Nosotros estamos atados de pies y manos y tenemos que hacer lo que debemos hacer, nos guste o no». El delegado del Gobierno, Ramon Socias, del PSOE, dejó claro ayer en Eivissa que no son de su agrado los proyectos de carreteras que promueve el actual Govern del PP en la isla -«no los compartimos por ideología», dijo- y que cada vez que ha dado la orden a la Guardia Civil de desalojar a los antiautopistas ha sido porque «no había otro remedio». A su entender, los antiautopistas y también los votantes del PSOE, cuyos líderes se han manifestado contra los proyectos y las irregularidades en las expropiaciones, deben entender su situación, por contradictoria que resulte. «No es el PSOE quien envía a la Guardia Civil, es la Delegación del Gobierno», matizó ante la extraña situación de verse en «la obligación» de ordenar utilizar la fuerza para que se puedan realizar unas obras que su propio partido critica no sólo por su trazado, sino también porque considera que no se está respetando la ley en el sangrante asunto de las expropiaciones.
Socias viajó ayer a Eivissa para presentar al nuevo comisario, Estanislao Pérez, y después compareció por vez primera en la isla desde que comenzaran las obras de las carreteras. A la hora de enviar a la Guardia Civil, «esperamos a tener las garantías por parte del Govern, no hemos actuado hasta que no nos han presentado la documentación. Cuando ha sido así no nos ha quedado más remedio que actuar», lamentó el delegado del Gobierno. «Nos piden auxilio cada vez que lo necesitan [en referencia al Govern], si no, no lo hacemos. Como socialistas no nos gustan los proyectos, pero como delegado del Gobierno tengo que ayudar a un Govern que pide auxilio», añadió Socias, que insistió en que nunca ha ordenado cargar a la Guardia Civil hasta que el Govern no le ha presentado la documentación judicial necesaria que, en el caso de viviendas habitadas, es una orden de desahucio. El delegado del Gobierno dijo que llegarán a Eivissa más antidisturbios sólo en el caso de que el Govern le formule una nueva llamada de auxilio acompañada de documentación judicial y se detecta la presencia de antiautopistas con intención de impedir a las máquinas entrar en las fincas y en las casas habitadas. Dijo que desconoce el coste de estos operativos y que en el caso de que, finalmente, la Justicia dé la razón a los expropiados, la responsabilidad no será suya, sino de quien haya «manipulado».