MAITE ALVITE
En su providencia, fechada el pasado lunes, el juez declara ya como «firme y ejecutoria» su decisión de mantener en Eivissa la instrucción de las diligencias penales abiertas por el caso Cretu, después de que la pasada semana expirara el plazo para presentar recursos a esta resolución que venía motivada a su vez por la petición de Fiscalía de que la causa se trasladase al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ya que Antonio Marí Tur tiene la condición de aforado por ser diputado del Parlament balear. Al contrario de lo que solicitaba el Ministerio Fiscal, el magistrado ya dictó hace unos días un auto en el que acordaba que el caso Cretu no se elevase a la Sala de lo Penal y Civil del TSJB argumentando, entre otras cosas, que el Estatut d'Autonomia en vigor establece que en relación a los diputados del Parlament se debe elevar cualquier causa contra los mismos al TSJB, por su condición de aforados, cuando se deba decidir sobre su posible inculpación, la prisión, el procesamiento y el juicio, pero no para «la directa incoación de causa penal ni para la inicial instrucción e imputación, que en su caso, corresponde al juez ordinario».
Además de Antoni Marí, tendrán que declarar como imputados el próximo 4 de julio los concejales Blanca Castiella, José Prats, José Ramón Serra y José Cardona. De momento, el juez no cita a los técnicos que informaron la concesión de la licencia de la vivienda de Cretu.