M.A.
Coincidiendo con el primer aniversario del deslizamiento de tierras que sufrió sa Caixota, los propietarios del bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre, el principal afectado, reclamarán mañana al Ayuntamiento de Sant Josep que pague todos los daños provocados por el derrumbe por considerarlo responsable del suceso junto a la junta de compensación de la urbanización y las empresas H0 y TES, las entidades que diseñaron y ejecutaron el proyecto de consolidación del edificio en 2002 cuando se detectó por primera vez la inestabilidad del terreno.
El abogado de los propietarios del Residencial Vista Alegre, Josep Lluís Ríos, aseguró que, según los estatutos de la junta de compensación, el Consistorio tiene la obligación de tutelar el proceso de urbanización. Sin embargo, detalló, en 2002, habiendo ya indicios en la zona que evidenciaban que este bloque de apartamentos amenazaba derrumbe, el Consistorio se mantuvo «pasivo y continuó dando licencias». Mientras, en la urbanización no había un drenaje adecuado que evitara en caso de fuertes lluvias los deslizamientos de tierra como el que se produjo el 18 de septiembre de 2005. Por todo ello, los propietarios piden a la administración municipal que pague el edificio que se cayó, que valoran en unos cuatro millones de euros, y en concepto de daño moral le reclaman 260.000 euros anuales (10.000 por apartamento) desde 2003, cuando empezó a haber problemas, hasta que se solucione el problema. Solicitan, además, que el Ayuntamiento se haga cargo del coste del derribo del bloque de apartamentos, que estiman en 240.000 euros; de las obras de consolidación, que calculan que costarán 360.000 euros; y de otros 400.000 euros en actuaciones complementarias. Asimismo, consideran que el Consistorio tiene que pagar a los propietarios que durante este año han tenido que pagar alquileres u hoteles para estar en la isla y tiene que compensar al Residencial la posible pérdida económica que suponga la reducción del volumen de edificabilidad en la zona.
El Ayuntamiento tiene seis meses para contestar a estas peticiones. En caso de responder negativamente o de no hacerlo, Ríos anunció que recurrirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Por la vía civil, el Residencial reclama a HO y a TES 1,5 millones de euros en concepto de daño moral y por los estudios geotécnicos, el proyecto y las obras de recalce que se hicieron con anterioridad al derrumbe.
Estudio del suelo
Ríos confirmó que se ha adjudicado a la empresa Jolsa (contratada por la junta de compensación) el desarrollo de un estudio global de la zona afectada (exceptuando el solar de Nordaker y el Vista Alegre) para comprobar cómo se comporta el suelo. Los trabajos se iniciarán en pocos días.