El actual deslinde que se ha hecho afecta a una tercera parte de la superficie de la isla y a varios centenares de familias que se encuentran indefensas ante el deslinde aprobado por el Gobierno central en 1997.
La presidenta de la plataforma que agrupa a los afectados por el deslinde, Gabriela Mayans, congregó en una mesa oficial a todos los partidos políticos de Formentera, con o sin representación municipal, así como a los diputados en el Congreso nacional, José Ramón Mateos, por el PSOE , y Enrique Fajarnés por el PP, así como el diputado autonómico, Pep Mayans, para firmar de forma conjunta un documento que se hará llegar en breve a la ministra de Medio Ambiente con una propuesta de negociación de un nuevo deslinde a tenor de los prometido, en julio pasado por José Luis Rodríguez Zapatero en su visita a Formentera, cuando se comprometió a la realización de un nuevo deslinde en la isla, subrayando en todo momento que debía hacerse de forma justa.
La propuesta efectuada por la plataforma de afectados y suscrita por todos los partidos de la isla, considera que un deslinde justo es «aquel que tome como referencia para delimitar la zona marítimo terrestre, zona de dominio público, el trazado vigente a la aprobación de la actual Ley de Costas de 1988. A partir de dicho deslinde debe considerarse la ampliación de la Servidumbre de Protección `para garantizar la conservación del litoral, recalificando los terrenos y propiedades incorporados al Dominio Público en virtud del Deslinde aprobado en 1997, incluyéndolo en esta zona, garantizando y respetando así todos los derechos inherentes a la propiedad privada de los mismos».
En la carta que los afectados enviarán a la ministra Narbona, con un completísimo dossier elaborado sobre los establecimientos turísticos, viviendas particulares y parcelas afectadas, se solicita que «se excluya del dominio público de la zona marítimo terrestre todas las edificaciones preexistentes al deslinde de 1997 y que se salvaguarde la existente zona de servidumbre de manera que se mantenga el grado de protección y conservación del litoral de Formentera y al mismo tiempo se respete la propiedad privada». Para los afectados con esta solución se conseguiría conciliar el espíritu y objetivo principal de la Ley de Costas del 88,la protección del litoral, con el respeto al derecho fundamental a la propiedad privada y a la garantía del principio de irretroactividad normativa. Ambos consagrados en la Constitución española.
En el dossier que se hará llegar a la ministra de Medio Ambiente se señala que «el deslinde actual, aparte de presentar una serie de irregularidades, ignora de raíz las características singulares de la isla, no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer el deslinde ni los 79km2 de superficie, ni la longitud máxima, 19km, ni el humilde perímetro de 69 km».
En este sentido la plataforma de afectados destaca que el actual deslinde afecta a una tercera parte de la isla de Formentera que sería propiedad estatal y Gabriela Mayans hizo hincapié en la comparación de qué sucedería si un tercio de la península pasara a ser propiedad del estado, reseñando además, con documentación contrastada, que la práctica mayoría de los propietarios afectados, son propietarios y construyeron sus viviendas, complejos turísticos, restaurantes o bares dentro de la plena legalidad vigente en su momento».