M.A.
La pretensión del Consell de duplicar el número de licencias temporales de taxi de cara a la próxima temporada turística no ha sido acogida con agrado por el Ayuntamiento de Eivissa. El primer teniente de alcalde, Pedro Campillo, insiste en que la competencia de este sector es del Consistorio y que, por tanto, es esta institución la que tiene que decidir sobre la concesión de estas autorizaciones. «El Consell se volverá a equivocar porque no controla este ámbito y habrá el mismo caos que la pasada temporada», manifestó Campillo, convencido de que el hecho de que duplique las licencias temporales «no va a solucionar el problema, que va más allá de la falta de taxis».
Según el teniente de alcalde, «lo que tienen que hacer el Consell y el Govern, si quieren mejorar la movilidad, es crear una ley del transporte público». «Agradezco al conseller insular de Transports, Diego Guasch, su interés por los taxis pero debería dedicarse a trabajar en el transporte en otro plano más global», apuntó, haciendo hincapié en aspectos que a mejorar como la falta de autobuses.
El Ayuntamiento se manifestó dispuesto a negociar con el Consell Insular pero asegura que, al igual que el año pasado, no aceptará las licencias temporales que le ofrezca la institución puesto que quien tendría que gestionar las autorizaciones son las administraciones municipales.
Campillo recordó que la máxima institución pitiusa todavía no ha contestado al escrito que le presentó el Consistorio reclamándole la gestión de las licencias temporales de taxi.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, Pedro Campillo, recordó que la Justicia todavía se tiene que pronunciar sobre «los tres contenciosos interpuestos, entre ellos uno de la administración municipal de Vila donde reclama que la competencia de otorgar licencias temporales es de los consistorios». Además, recordó que la iniciativa de otorgar estas autorizaciones fue del Ayuntamiento de Eivissa y que posteriormente se la apropió el Consell. El verano pasado fue el primero en el que se puso en marcha la medida restringida al mes de agosto, el periodo con más demanda de taxis. La intención era poner en circulación más de una treintena de licencias temporales pero el Consistorio de Vila, al que le correspondían doce, se negó a aceptarlas alegando que la competencia del taxi es de los ayuntamientos.