C. R.
Tres de los denunciados, José Sala, Antoni Marí Tur y Joan Marí Tur mostraron ayer su sorpresa por la denuncia de Fiscalía y aseguraron estar tranquilos ante las imputaciones demandadas por el ministerio público. El alcalde de Sant Antoni y conseller de Presidència en funciones, José Sala, explicó que Fiscalía no les ha notificado esta actuación a los propios afectados y sin embargo sí ha hecho una nota de prensa. «Creo que nos tendrían que haber tenido en cuenta», dijo Sala, quien recordó que se le acusa de firmar un convenio con Realia Business sobre ses Variades que fue aprobado en pleno y que contó con el voto favorable incluso de varios miembros de la oposición, «entre ellos el actual presidente de la gestora de la FSP, Marià Torres». En esa sesión se produjo una división de voto entre los progresistas, ya que por ejemplo Laura Carrascosa votó en contra.
El primer edil recuerda que antes del pleno se celebraron un par de comisiones informativas en las que se estudió a fondo el convenio, que luego se llevó a pleno. Sala entiende que el convenio «se ajusta a derecho» y recuerda que todavía debe pasar por otras instituciones, de modo que si no se ha actuado correctamente «habrá tiempo de rectificar».
El ex diputado del PP y ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur explicó ayer que no quería hablar del asunto porque no lo conocía en detalle, aunque aseguró estar tranquilo. «Sólo faltaría que un documento que se aprobó para toda Eivissa sólo me afectase a mí», dijo Marí Tur, que indicó que ese terreno del que habla el GEN ni siquiera es suyo, aunque prefirió no entrar en esta cuestión.
El conseller portavoz del Consell, Joan Marí Tur, también declinó opinar sobre esta cuestión e indicó que está «muy tranquilo» porque ni siquiera sabe «a qué se refiere» el GEN. «Si tuviera que estar preocupado por todas las denuncias que me ha ha puesto el GEN ya estaría en el infierno», añadió. Ni la consellera de Vies i Obres, Stella Matutes, ni Empresas Matutes contestaron a las llamadas de este periódico.
Por otra parte, una de las responsables del GEN, Neus Prats, aseguró estar muy satisfecha con la decisión del fiscal y recordó que el PTI debería ser un instrumento que regulara el modelo urbanístico para las islas, en vez de contener «disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes». El GEN recuerda que ya advirtió en su momento de que el PTI aprobado por el Consell suponía «una involución de más de 20 años en materia de ordenación territorial». «Es penoso que por intereses privados de los responsables políticos, que tendrían que trabajar únicamente por el interés general, y por una avaricia sin límites se pongan por delante los bolsillos propios antes que todos los ibicencos», concluyen los ecologistas. La causa se investigará en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa.