C. ALCÀNTARA
Sin embargo, dadas sus condiciones, no pasan inadvertidos por Cáritas, que expresa su preocupación por este colectivo, la mayoría de Senegal aunque también hay de Gambia y Costa de Márfil, que recalan en Eivissa con una orden de expulsión. Cáritas asegura incluso que hay ayuntamientos de la peninsula que pagan billetes para que se vayan a Eivissa ya que «suponen que van a encontrar trabajo», dice Jacobo García, de Cáritas, que lamenta su situación. «Nadie se hace cargo de ellos y lo que han hecho han sido distribuirlos por todo el territorio», subraya.
En Cáritas se estudia su situación legal para ver si se pueden regularizar. «Ees imposible porque cuentan ya con una orden de expulsión tramitada en Canarias», indica. También les ayudan con clases de castellano y algunos han pasado por el taller de inserción. El hecho de ser irregular impide poder trabajar ellos «es un colectivo que tiene muchas necesidades, pero no encontramos financiación para ellos». Asegura que trabajan en economía sumergida, pero «la vida que llevan es hoy como y mañana veremos».
Fuentes de Interior aseguraron que la llegada de irregulares no es «una situación generalizada» teniendo en cuenta que este colectivo sería muy fácil de detectar. Tampoco consideran que sea una práctica común que se pague el billete desde ayuntamientos de la península ya que se han de desplazar a una isla y hay policía en barcos y aviones.