La Policía de Sant Antoni, a través de la Policía Local, ha impuesto en lo que va de año 172 denuncias por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Convivencia, de las que la gran mayoría "127" correspondieron a la práctica del 'botellón'. Son datos facilitados ayer por el teniente de alcalde de Gobernación y Turismo, José Ramon Serra Pilot, quien precisó que la mayor parte de esas denuncias se concentraron en el entorno de las dos discotecas de la localidad de Sant Rafel, mientras que en zonas como Caló des Moro o s'Arenal «se ha hecho un seguimiento prácticamente diario, retirando la bebida a quienes consumen alcohol».
En relación con este asunto, Pilot también aludió a la venta ilegal de alcohol que algunas bodegas realizan después de medianoche y aseguró que ya se han denunciado 25 establecimientos, que deberán pagar sanciones que podrían oscilar entre los 1.500 y los 60.000 euros.
Otra de las prácticas 'perseguidas' por el Ayuntamiento es la competencia desleal y la incitación al consumo de alcohol desmesurado que algunos establecimientos realizan con una oferta que se sitúa muy por debajo de los precios habituales. El edil explicó que se ha elaborado un «reportaje» que ha permitido detectar esta práctica en media docena de establecimientos a los que se les podría retirar la concesión de terraza si reinciden.
También señaló el concejal que se han cerrado cinco locales de ocio nocturno por no contar con las licencias pertinentes y ocasionar molestias por ruido, y se han precintado seis equipos de sonido en sendos establecimientos.
José Ramon Serra explicó asimismo que el Ayuntamiento, en colaboración con la Guardia Civil, ha llevado a cabo inspecciones en siete establecimientos para investigar la presencia de sustancias estupefacientes, circunstancia que se produjo en cinco de esos locales.
Finalmente, los agentes de la Policía Local han actuado en 80 casos de coma etílico, acompañando a los afectados hasta el hospital Can Misses.
Por otra parte, Pilot informó de que se han instruido diez diligencias por delitos contra la propiedad industrial e intelectual, de las cuales siete se han levantado tras realizar inspecciones a comercios, mientras que los tres restantes han sido consecuencia de actuaciones relacionadas con la venta ambulante. Como consecuencia de esas actuaciones se intervinieron 5.097 objetos falsificados y se detuvieron 9 personas.