La auditoría técnica y económica que tiene previsto hacer el Govern sobre las autovías de Eivissa podría costarle a las arcas públicas más de dos millones de euros. Así lo anunció ayer el conseller balear d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, quien no llegó a facilitar esta cifra, aunque dijo que el coste podría estar entre el 0'9 y el 1'2 por ciento del presupuesto de ejecución de los proyectos, que alcanza los 215 millones de euros.
Carbonero reconoció que cuando vieron lo que costaba se «asustaron» un poco y fue cuando plantearon hacer la auditoría por tramos. Entretanto han podido negociarlo con la Conselleria d'Hisenda, «que es la que tiene que aceptar el presupuesto» y la decisión final es que se haga la auditoría «entera y completa», porque además fue un compromiso que firmaron las diferentes fuerzas políticas que integran el Govern.
La razón de este coste tan elevado se debe, según el conseller, a que se pretende que tenga «un nivel de definición alto», para que pueda servir. «Queremos que ayude a detectar cosas mal hechas para que se puedan mejorar y en cuanto tengamos la auditoría empezaremos a trabajar en este sentido», explicó Carbonero, quien no quiere hacer una auditoría sólo para dar cumplimiento a la promesa y que luego no sirva para nada. En realidad, el trabajo técnico «es casi como redactar un proyecto nuevo a nivel técnico».
Así las cosas, la auditoría se pondrá en marcha una vez se sepa su coste aproximado para poder adjudicar un concurso al que opten diferentes empresas.
El conseller anunció esta decisión tras inaugurar la oficina de atención a los expropiados que se ha instalado en la quinta planta del Consell. Según explicó el conseller insular de Mobilitat, Albert Prats, se trata de atender personalmente a los afectados, ya que uno de los mayores problemas durante la «nefasta» gestión de las carreteras fue «el problema humano, el trato, la falta de atención y la indefensión de los afectados». Ahora, según Prats, este problema desaparecerá, algo en lo que coincidió Carbonero, que destacó que la oficina está bien dotada técnicamente, con personal del Govern, para poder atender a las personas que tienen pendiente tanto el depósito previo como el justiprecio.
El conseller también aseguró que desde la semana pasada un equipo «potente» desde el punto de vista técnico y material se desplaza a Eivissa tres días semanales para poder avanzar en el pago del justiprecio (la segunda parte de la expropiación después del depósito previo) para conseguir tener abonado todo el dinero del segundo cinturón antes de final de año. «Es una labor no demasiado fácil, pero es posible; estamos en ello y espero que por el talante que hemos visto de las personas con las que hemos hablado podremos llegar a acuerdos mutuos en una proporción bastante alta».