La consellera de Política Social i Sanitaria, Patricia Abascal, culpó ayer al equipo de gobierno de la pasada legislatura por licitar los proyectos de las residencias para mayores y centros de día a la baja, lo que ha provocado que el precio de las obras aumente ahora de forma considerable, según informó ayer la Cadena Ser.
En este sentido, Abascal señaló que las obras de las residencias están prácticamente paralizadas porque no existe un acuerdo sobre el coste real de estas obras ya que, según apuntó, el Partido Popular las licitó muy por debajo de su presupuesto. De esta forma, la residencia de Sant Antoni se licitó por poco más de cinco millones de euros y el presupuesto se ha disparado hasta los 11'5 millones de euros. En el caso de Sant Jordi se reclama un aumento del 60 por ciento en relación al precio inicial, que era de casi nueve millones de euros.
Ante esta situación, Abascal apuntó que el equipo de gobierno no tiene porqué asumir responsabilidades que no le corresponden aunque afirmó que las infraestructuras se realizarán «porque son una prioridad pero se harán bien», puntualizó. Aún así, la consellera de Política Social i Sanitaria no descartó en rescindir los contrato con las empresas adjudicatarias si en los próximos días no se llega a un acuerdo con ellas. En relación a estos hechos, Abascal resaltó que la contratación se adjudicó por un periodo de 11 meses «y llevan dos años con las obras». «Tenemos el compromiso de acabarlas pero no de asumir estas responsabilidades». Además, también habló de deficiencias graves en la construcción de la residencia de Can Blai o el centro de día de Forada que sufrieron las inundaciones tras dos días de lluvias intentas, informa la Cadena Ser.
La consellera también informó sobre la aplicación de la Ley de Dependencia y apuntó que desde el pasado mes de junio hasta el día de ayer se han tramitado un total de 251 solicitudes frente a las 120 que se tramitaron durante el primer semestre del anterior equipo de gobierno. Estas cifras demuestran una «clara aceleración» del proceso de valoración de las personas con minusvalías físicas, psíquicas o intelectuales que solicitan la atención de los servicios sociales del Consell. Aún así, Abascal apunta que aún hay pendientes la valoración de 300 solicitudes más que ya empiezan a atenderse.