El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan defendió ayer a través de un comunicado que su actuación en materia urbanística siempre ha sido «legal» en referencia a la concesión de seis licencias pocos días antes de aprobarse el decreto ley que suspendía la concesión de permisos en Benirràs. «La política del Consistorio ha sido siempre la de actuar en aras de un equilibrio entre la protección del territorio y los derechos de sus ciudadanos», sostiene el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, que recordó que el plan parcial de Benirràs «no sólo respeta las directrices marcadas por las normas superiores sino que incluso fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears». Según Marí, esta sentencia condenó al Consell a asumir los costes del proceso.
Por si alguien pensaba que pudiera existir algún agravio al dar estas seis licencias tan rápido y no otorgar otras, desde el Ayuntamiento aclaran que «no existen expedientes de licencias en suelo urbano pendientes de tramitación». Respecto a la celebración de las juntas de gobierno extraordinarias, el ejecutivo agregó que éstas fueron convocadas «con el objeto de dar salida a asuntos diversos e inaplazables, como es el caso de la contratación de las obras del mercado artesanal del puerto de Sant Miquel que debía estar listo el 15 de noviembre». Marí también hizo unas declaraciones a Radio Ibiza Ser en las que afirmaba que «no es adivino» y que no sabía lo que se iba a aprobar en pocos días porque no había tenido comunicación oficial.
Según ha podido saber este periódico, el Consell tiene la idea de redistribuir los derechos edificatorios del plan parcial de Benirràs en la misma zona de modo que cree menos impacto que la urbanización prevista actualmente. Otra posibilidad sería reubicar los chalets previstos en otro suelo del municipio, aunque en este último caso existe el problema de que no hay terrenos disponibles en la zona. Si se redistribuyesen los derechos en el mismo plan parcial se evitaría tener que pagar indemnizaciones, ya que otra de las opciones es no dejar construir nada más, proteger íntegramente y pagar a los propietarios. Actualmente en esta zona está prevista la construcción de numerosos chalets y viviendas plurifamiliares (apartamentos). El decreto convalidado ayer por el Parlament establece una suspensión de la concesión de licencias y de la ejecución de las ya otorgadas. En este caso, los permisos dados por Sant Joan en los últimos días podrían provocar indemnizaciones mayores.
El Consell ya tiene en su poder algunas de las actas del Ayuntamiento de Sant Joan en las cuales se aprobaron las licencias.