Los arquitectos aseguran que ayuntamientos y Consell continúan con un atasco considerable a la hora de otorgar licencias de construcción. «La situación es la misma, aunque puntualmente se ha notado alguna mejora», indicó el presidente de los arquitectos, Antoni Marí.
En septiembre, desde la demarcación pitiusa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (COAIB) denunciaron que el Consell y los ayuntamientos incumplían sistemáticamente los plazos legales que marca la ley para resolver los expedientes de solicitud de licencia en suelo urbano y especialmente en suelo rústico. Apuntaron como una de las razones al Plan Territorial Insular y la disgregación de la normativa urbanística actual, que puede ser objeto de contradicción.
Marí indicó ayer que en las instituciones no sólo faltan técnicos, sino que también es un problema de lentitud de la Administración. «Desde que una licencia es informada favorablemente pueden pasar 20 días hata que pasa todas las firmas, no sólo es culpa del técnico», explicó el presidente de los arquitectos pitiusos, que remarcó que no ven resultados visibles en los ayuntamientos y en el Consell tras la denuncia que hicieron en su día.
La falta de personal también es otro importante obstáculo. Marí recordó que ahora mismo ni los ayuntamientos de Sant Joan ni el de Sant Antoni tienen arquitecto. El Consell de Formentera sólo tiene uno aunque «ahora contratará otro, pero hay que tener en cuenta que ya es un Consell y tiene más competencias».
En cuanto a Santa Eulària actualmente hay un sustituto y por las dimensiones del municipio «no le iría mal tener un segundo arquitecto». Y en el Consell «también iría bien tener uno para patrimonio y alguno más para urbanismo». «Las administraciones tienen carencias aunque los problemas no sólo radican en la falta de arquitectos», aseguró el presidente de la demarcación pitiusa del COAIB.
Actualmente la mayoría de los ayuntamientos están tramitando la adaptación de sus planeamientos urbanísticos al Plan Territorial Insular (PTI). Aunque tenían dos años para hacerlo todos los consistorios han incumplido el plazo, que vencía a principios de 2007.