Los servicios jurídicos del Parlament han confirmado que la ley de medidas urgentes para la protección del territorio no convierte en rústica la zona de ses Variades, pese a que a través de ella se deroga la normativa que permitió convertir en urbano este suelo.
Este informe interpreta que se han producido actos administrativos firmes que impiden que este terreno vuelva a ser rústico. En este caso, se refieren a la aprobación del Plan Territorial Insular, que utilizó la modificación normativa que en su día hizo el PP en el Parlament para recuperar este suelo. Según aclaró el diputado socialista Joan Boned, en este caso lo que afecta es la aprobación del PTI y no del convenio que firmó el Ayuntamiento de Sant Antoni con la promotora Realia y que fue posteriormente aprobado en el pleno del Consistorio con el voto favorable de algunos concejales socialistas. Este convenio prevé la construcción de más de 400 viviendas y una cesión para zona verde y de esparcimiento.
El diputado explicó que en el texto de la ley se especifica que los actos administrativos que se hayan hecho desde 2003 (cuando el PP aprobó una modificación mediante la cual se permitía recalificar ses Variades) se deberán mantener.
Ahora, según Boned, todo está en manos del Consell y del Ayuntamiento de Sant Antoni, ya que el Consistorio está tramitando su nuevo Plan general. «Ahora supongo que Sant Antoni incluirá ese convenio en su planeamiento y cuando lo apruebe lo remitirá al Consell, que será quien tendrá que decir blanco o negro», explicó Boned, que indicó que, de todas formas, el Ayuntamiento puede clasificar esa zona como urbana porque «es legal».
De esta forma, la derogación para ses Variades que incluía la ley de medidas urgentes sólo servirá para que no se repita una situación similar en alguna otra zona de costa rodeada de terreno urbano y que suponga una interrupción de trama urbana.