P. CANDIA/J.M. AGUIILÓ
Cohecho y prevaricación. Esos son los dos presuntos delitos a los que se enfrenta el ex teniente de alcalde de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Javier Rodrigo de Santos, por el 'caso Parc de sa Riera', de acuerdo a las investigaciones que está realizando la Fiscalía.
De Santos, imputado por el supuesto delito de malversación de caudales públicos tras gastar 50.000 euros en clubes de alterne de ambiente gay, es investigado ahora por el dinero (1,4 millones de euros) previsto en 2006 en la compra de un castillo gigante infantil en el Parc de Sa Riera.
Las pesquisas de Anticorrupción también han apuntado a otras personas y, de hecho, ya han declarado la anterior gerente de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop), Gloria Penalva, que lo hizo en calidad de imputada, y una funcionaria, que lo hizo como testigo.
Por su parte, el teniente de alcalde de Hisenda de Cort, el socialista Andreu Alcover, afirmó ayer que el expediente del coste del Parc de sa Riera no se reabrirá. «Está cerrado», dijo, aun reconociendo que el coste del parque pasó de los 14 millones de euros previstos en un principio a los 23 millones que costó finalmente, ya que con la excepción del castillo infantil, sobre el cual se discute ahora el precio con la empresa suministradora Hags, el resto ha sido ya todo pagado.
Alcover confirmó que hace dos semanas Cort remitió a la Fiscalía la información que poseía sobre el castillo infantil, «por deficiencias bastante graves del expediente administrativo» de compra, y dijo que en principio cree que no habrá ya más presuntas irregularidades.