El Consell ha decidido adelantar el presupuesto necesario para que la Conselleria de Medi Ambient del Govern realice un peritaje de las tierras procedentes de las autovías para averiguar si existen materiales contaminantes como asfalto. Esta prueba fue pedida por el juez hace meses y la Conselleria de Medi Ambient respondió a principios de abril que no cuenta con el presupuesto necesario -entre 3.000 y 12.000 euros- ya que tiene que contratar a una empresa externa, algo no previsto en sus cuentas.
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, defendió que la Conselleria de Medi Ambient recibe numerosas peticiones para realizar estudios de este tipo y por eso suelen pedir al juez que les adelante una partida presupuestaria, lo que ralentiza considerablemente el proceso. Pero desde el Consell consideran que esta cuestión no se debe dilatar más y por eso pagará este estudio y luego lo recuperarán a través de las costas del juicio. «He hablado con el conseller y después con el director general para explicarles que este tema es muy urgente para nosotros», explicó Prats, que aseguró que prefieren ir por la vía «más rápida posible» y por eso la semana que viene ya se cerrará con Medi Ambient la fórmula para adelantar el dinero. El conseller de Mobilitat reconoció que se trata de una cantidad relativamente baja y por eso el Consell puede asumirla pero desde Medi Ambient «no quieren abrir una vía para que ellos tengan que pagarlo» porque reciben multitud de peticiones y «no quieren crear precedentes».
Se revisarán sanciones
Cuanto antes se resuelva este peritaje antes se podrán retirar las tierras situadas en los terrenos de Empresas Matutes, ya que actualmente existe una paralización hasta que no se ejecute la pericial. «Lo más correcto es que no se toquen las tierras hasta que no se estudie para no estropear posibles pruebas, aunque a nosotros nos gustaría retirarlas lo antes posible», explicó Prats, que aseguró que no quieren que ese material se quede allí «por nada del mundo».
La Fiscalía reveló esta semana que ha pedido al juez que investigue la «pasividad» que mostró la anterior administración a la hora de actuar sobre estos vertidos y ha anunciado que habrá que «depurar responsabilidades».
Prats recordó ayer las numerosas denuncias que se hicieron en su día desde la Plataforma Antiautopistas y que el conseller de Medi Ambient de entonces, Jaume Font, reiteró siempre que «todo se estaba haciendo bien». «Ahora se está demostrando que nada se estaba haciendo bien y pienso que es un caso claro de prevaricación, tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito de un grupo de empresas muy vinculado a los promotores de las obras». «Hay motivos más que suficientes para depurar responsabilidades», añadió. De hecho, el conseller de Mobilitat tiene pendiente una reunión con el conseller balear de Medi Ambient para reactivar las sanciones que en su día no se pusieron por los vertidos.
Según el informe remitido a los Juzgados por el jefe del servicio de Residus i Sòls Contaminats, los restos de aglomerado asfáltico, y en concreto los que contienen hulla y productos alquitranados tienen la consideración de «peligrosos». El peritaje de las tierras contemplaría su desentierro, realización de catas y análisis de los residuos encontrados y podría costar entre 3.000 y 12.000 euros. Desde Fiscalía explicaron ayer que si no se hace este peritaje desde la Administración recurrirán a la vía ordinaria, que es pedir un perito, algo que es mucho más «lento y costoso».
Desde el ministerio público consideran que hubo un incumplimiento flagrante del contrato por parte de las empresas adjudicatarias de las obras, porque los residuos debían enviarse a canteras abandonadas o reutilizarse en el mercado local de áridos.
Los responsables de la UTE Accesos Ibiza -constructora de la autovía al aeropuerto- explicaron durante el juicio civil celebrado esta semana que retirar esas tierras les costará ahora 2 millones de euros, un dinero que no pensaban gastar porque afirman que tenían un acuerdo verbal con Empresas Matutes para dejarlas ahí para la construcción del campo de golf.
Según se desprende del informe remitido por la Conselleria de Medi Ambient a los Juzgados de Eivissa, el anterior Govern dejó de investigar los vertidos después de que la UTE justificara que los restos de asfalto de la antigua carretera se depositaban de forma «temporal» sobre el terreno. En los archivos de la Conselleria constan dos actas de inspección de los vertidos, uno de Can Cardonet (carretera de Sant Antoni) y otro en los terrenos de Matutes. Debido a esto, el servicio de Residus pidió explicaciones a la UTE, que aseguró que serían temporales. «No habiéndose reiterado las denuncias [..], el servicio de Residus dio por concluidas sus actuaciones», dice el informe.
Desde Fiscalía recuerdan que hubo numerosas denuncias ante las instituciones e incluso los agentes de Medi Ambient hicieron fotos en las que se veían trozos de asfalto, plásticos, baldosas y metales. La UTE explicó que se reutilizaría en el firme de la nueva vía.
La UTE Accesos Ibiza valora en dos millones de euros lo que le costará retirar las tierras del terreno de Empresas Matutes. El conseller de Mobilitat, Albert Prats, reconoció que la empresa les ha advertido de que el coste será mayor de los 1'5 euros por metro cúbico que contemplaron en un principio. «A mí me da igual, han concursado con este precio y no se pueden beneficiar, no pueden poner un coste que no se ajuste a la realidad», explicó el conseller, que recordó que «el contrato y la ley» les obliga a llevar las tierras a una cantera autorizada o a vertedero. «No se aceptará ninguna reclamación de la UTE y, aunque esto lo tendría que decir el Govern, se tendrían que depurar responsabilidades y no sólo no les deberíamos pagar más, sino que incluso podría ser al revés, porque ha habido una actuación totalmente irregular y no prevista con estas tierras y donde se han depositado».