CLAUDIA ROIG
Los Juzgados de Eivissa tramitan actualmente alrededor de 80 casos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico artístico e incendios forestales. Según explicó el fiscal especializado en estos temas, Antoni Torres, muchos de estos asuntos tienen una «gran complejidad» -caso Cretu, Parques de es Cubells o contaminación de pozos en Santa Gertrudis- y en un gran número de ellos están involucrados cargos públicos y técnicos municipales, con aparición de conductas relativas a presuntos delitos contra la Administración pública.
Sólo durante el año 2007 este fiscal incoó una veintena de expedientes de personas o administraciones que se dirigieron directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos. Sin embargo, sólo se celebraron cinco juicios por delitos medioambientales y urbanísticos.
Torres se queja de que la investigación de estas materias se hace «larga y difícil», no sólo por la necesidad de practicar pruebas periciales complejas y caras, sino también por la falta de especialización de los jueces, que implica que la mayoría de las instrucciones tengan «que ser impulsadas por el ministerio fiscal». «Ojalá se especializara un juzgado de instrucción en esta materia», expresó Torres, que indicó que si ya la Ley de enjuiciamiento criminal tiene más de 900 artículos, con la normativa urbanística y medioambiental «se podría llenar una biblioteca».
Otro problema son los peritajes necesarios para investigar este tipo de temas. A los peritos se les paga al final del procedimiento judicial, lo que hace que muchas veces sean reacios a participar. Es algo que podría haber ocurrido por ejemplo con el tema de la tierra de las autovías, donde la Conselleria de Medi Ambient se negó a hacer una pericial para ver si hay restos de asfalto contaminantes, aunque finalmente el Consell se ha ofrecido a adelantar el dinero para realizar esta prueba. «Sería extremadamente beneficioso contar con asesoramiento de profesionales (biólogos, arquitectos, químicos, etc.), ya que el sistema actual ralentiza la investigación y no permite decidir, a priori, qué actuaciones son las procedentes en cada caso», explica Torres en la memoria del año 2007 que ha entregado al fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar. Según el fiscal, si se pudiese contar antes con este asesoramiento especializado probablemente se evitaría que numerosos asuntos desembocaran en los juzgados.
A estos problemas hay que unir el volumen de trabajo que tiene la Fiscalía de Eivissa, donde la mitad de las plazas suelen estar ocupadas por fiscales sustitutos. Por eso, Torres consideraría conveniente que se incentivara la permanencia de los fiscales en Eivissa.
Los juicios sobre delitos medioambientales y urbanísticos celebrados en 2007 fueron el de Puig d'en Serra por prevaricación urbanística contra el alcalde de Sant Josep y varios concejales en el que se dictó sentencia absolutoria por prescripción del delito; el de la presunta construcción ilegal del establecimiento hotelero Las Dunas de Formentera, que está pendiente de sentencia, y el referido a la explotación de una cantera de arena en zona ANEI en Formentera, también pendiente de sentencia. Se celebró otro juicio por la ampliación de una vivienda en el área periférica del parque de ses Salines en el que se condenó a la promotora, el arquitecto y el constructor y que está pendiente de recurso de apelación (en esta mansión veraneó el ex presidente Aznar) y otra vista oral por la edificación de una vivienda de grandes dimensiones en suelo especialmente protegido cuya sentencia fue absolutoria.
La Fiscalía también presentó en 2007 escritos de acusación en el caso ses Torres, pendiente de juicio y en el que está imputado por prevaricación el ex alcalde de Santa Eulària; en el caso de los pozos de Santa Gertrudis y en otro por delito de incendio.
De la veintena de diligencias incoadas por el fiscal en 2007 hay muchas que se refieren al municipio de Sant Josep. Entre ellas el convenio urbanístico presuntamente ilegal que firmó el ex alcalde de Sant Josep en Cala Pinet; el incumplimiento de sentencias firmes de derribo, el caso del asfaltado del negocio del ex alcalde, la concesión de licencia a la carpintería Alba donde se investigan delitos de prevaricación y tráfico de influencias o la «irregular práctica» denunciada por el Colegio de Arquitectos de tramitar como estudios de detalle verdaderas modificaciones de las áreas de actuación sin comunicación al Consell, lo que podría suponer prevaricación urbanística. Otra denuncia se refiere a un posible delito contra el medio ambiente por la construcción de la depuradora en Cala Tarida.