Finalmente los propietarios de Benirràs han decidido no aceptar la propuesta que les ofrecía el Govern de mantener el 40% de sus derechos edificatorios en la zona y concentrarlos sobre el 30 por ciento del territorio a proteger. De esta forma, el espacio se preservará íntegramente tal y como aparece en el texto inicial de la ley de medidas urgentes de protección del territorio. Pese a que ayer el abogado de estos afectados no quiso dar ningún detalle sobre los motivos de la negativa y remitió a una rueda de prensa la próxima semana, el diputado socialista Joan Boned confirmó que los propietarios han decidido no aceptar. «En estos momentos el Govern seguirá el trámite tal y como estaba previsto y seguirá adelante con la protección de todo el espacio», explicó el parlamentario, que indicó que, de todas formas, nada es definitivo hasta que el texto de la ley no esté aprobado. Pese a ello, «la cosa está muy complicada porque no hay previsión de movimiento por parte de ninguna de las dos partes».
Uno de los problemas que puede encontrar ahora el Govern es que el PP ponía como condición un acuerdo en Benirràs para autorizar la desprotección de la urbanización Bel Air en Roca Llisa. Esta urbanización, que está prácticamente terminada (con hormigonado, canalizaciones y calles), supone un problema para el Ejecutivo porque está incluida dentro del ámbito de protección y sus propietarios podrían pedir importantes indemnizaciones. El diputado socialista indicó que el lunes se pondrán en contacto con el PP para saber su postura y conocer si les apoyarán en el caso de Roca Llisa aunque no haya acuerdo en Benirràs. Lo que sí que hará el Govern es aceptar la enmienda del PP sobre la protección de la zona de Calas del Sur en Santa Eulària.
«Me sabe mal no haber llegado a un acuerdo en Benirràs porque estos temas son más fáciles si se consensúan», lamentó Boned. Si hubiera habido una entente con los propietarios, estos hubieran renunciado a la presentación de reclamaciones de indemnización, algo que ahora tendrá que afrontar el Govern. El Ejecutivo autonómico había ofrecido la protección del 70% de la zona de Benirràs, la construcción en el 30% restante y un aprovechamiento urbanístico del 40 por ciento de los derechos edificatorios primigenios de los propietarios en viviendas unifamiliares, lo que aproximadamente se podría traducir en 16 licencias.
La diputada de ExC Marián Suárez ha apoyado en los últimos días la negociación, aunque indicó que tampoco ven inconveniente en que la ley prevea una protección total.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, apostó ayer por una resolución del conflicto de Benirràs aunando la protección de este enclave con un garante de salvaguarda de los derechos de los afectados. «Ambos parámetros son compatibles», dijo el primer edil, que considera que reconocer los valores de esta zona «de manera definitiva no tiene por qué perjudicar y dejar en la más profunda indefensión» a los dueños de las licencias.
Marí confió en que las conversaciones puedan continuar porque los propietarios «son los primeros interesados en velar por el entorno de Benirràs» y consideró que hasta el momento «se han mostrado comprensivos en las negociaciones». El alcalde recordó que todos los expedientes aprobados en la zona «responden a viviendas unifamiliares y a parcelas de menos de 2.000 m2. El alcalde agregó que éstas han sido las únicas licencias solicitadas en suelo urbano en los últimos meses «y su rapidez se debe a la efectividad de los técnicos en su tramitación y a la ausencia de expedientes en trámite».