J. MESTRE/P. CANDIA/E. BALLESTERO
Tal y como están las cosas, ni el propio portavoz del PP balear, Miquel Ramis, daría la cara por cualquier dirigente de su partido o de otra formación política. «Es difícil poner la mano en el fuego por alguien», reconocía Ramis en la habitual rueda de prensa de los jueves. En el PP balear están ahora más pendientes de los escándalos que puedan saltar en los próximos meses o días que casi en la preparación del congreso regional del mes de julio. El objetivo final, según algunos dirigentes, será el propio Jaume Matas, quien pronto hará un año que no preside el PP.
La terapia política de los jueves que habitualmente imparte Ramis sirvió esta semana para hacer autocrítica interna tras estallar el 'penúltimo' escándalo, la malversación de fondos en Bitel por un experto en informática que fue fichado directamente por Matas y que no estaba ni afiliado al PP hizo que Ramis estallara: «Hemos de sacar a los corruptos del PP. La presidenta Estarás lo tiene muy claro. Los corruptos no tienen sitio en el PPbalear. Nos hemos equivocado. En el futuro, y en el congreso debe quedar muy definido, los corruptos no caben en nuestro partido».
Esas declaraciones tan significativas, sin embargo, ni siquiera tenían en cuenta que poco después salía a la luz que Bartomeu Vicens, conseller insular del Territori en Mallorca, y Jaume Font, portavoz del PP en el Consell de esta isla cuando se aprobó la norma urbanística en 2004, tendrán que comparecer ante el magistrado para explicar las circunstancias en las que, al parecer, se generaron plusvalías millonarias con la compraventa de terrenos afectados por las veinte Àreas de Reconversión Territorial (ART). Font comparecerá el 22 de mayo y Vicens el 24 de ese mes.
La comparecencia de Vicens y Font se enmarca en lo apuntado en la querella de la Fiscalía Anticorrupción que subraya: «Debe ser objeto de investigación la intervención de aquellas personas que con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera finalmente aprobada una disposición administrativa en la que parte de su contenido (las ART) tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad pública y social». En esa misma tesitura están los conocidos promotores Vicenç Grande, del Grupo Drac, y Mateu Sastre, de Ibercon, investigados tras una denuncia presentada por el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) y que asumió Anticorrupción. A todo esto se suma, además, que el Govern investiga un agujero económico de 36.000 euros detectado en el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), una empresa pública dedicada a la promoción de los productos de Balears dependiente de la Conselleria de Comerç y que arrastra una deuda de 8 millones de euros, deuda acumulada la legislatura pasada.
Dinero devuelto
La comisión ejecutiva del CDEIB acordó el lunes enviar a Intervención toda la documentación sobre presuntas contrataciones irregulares realizadas en la pasada legislatura y ya ha puesto en manos de los asesores jurídicos del Govern las cuestiones más peliagudas por si fuera necesario remitirlas a la Fiscalía Anticorrupción ante el temor de que la cifra inicial de 36.000 euros se dispare.
Los responsables del CDEIB reclaman al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la directora gerente del CDEIB, Antonia Ordines, que justifiquen la desaparición de 36.000 euros de la caja del CDEIB pero sospechan además de otras cuestiones. Por servicios prácticamente idénticos en las mismas ferias, el CDEIB paga ahora importes un 40 por ciento inferiores a los que se pagaban la legislatura pasada. También se acumulan justificantes de pagos escritos en chino por lo que comprueban uno a uno los recibos para saber en qué se gastó el dinero durante los viajes. Viaene, por cierto, reconoció su culpa y devuelve 18.000 euros que faltaban de la caja.
El portavoz de la formación popular entiende que los acontecimientos, sobre todo el último caso de malversación de fondos, debe provocar una reflexión seria en el PP balear. «Quiero dejar muy claro que los casos de corrupción no son patrimonio de ningún partido político ¿Acaso olvida la gente que el PSOE tuvo a un director general de la Guardia Civil que acabó entre rejas?», preguntó Ramis. Tanto es así que el actual Govern apuesta por regular las «buenas prácticas» en la gestión de los recursos económicos públicos, al tratarse de una de las «preocupaciones principales de la ciudadanía».