La economía sumergida en Balears mueve alrededor de 5.160 millones de euros anuales, lo que genera un fraude fiscal estimado en 1.000 millones de euros. Así lo indicó el coordinador para las islas del sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), Luis Tato.
Sobre la evolución de la economía sumergida, el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, así como los organismos comunitarios e internacionales consideran que su impacto se sitúa entre el 20% y el 25% de la actividad que se realiza en España mientras que a principios de los años 90 esa proporción oscilaba entre el 16% y el 18%.
Los sectores económicos de las islas donde más se concentra el fraude fiscal son la construcción y las inmobiliarias, al ser aquellos entre los que más se produce el «pase de maletines con billetes de 500 euros»; en lo que supone una práctica habitual para «ir trasladando» el dinero negro, ya que en ese tipo de transacciones se suele pedir el pago de una parte del importe de ese modo. Cabe señalar que la Agencia Tributaria ha investigado un total de 20 operaciones de este tipo, realizadas principalmente en 2004, en cada una de las cuales fueron intercambiados más de 500.000 euros.
El técnico consideró que lo que se investiga «no llega al uno por ciento» del fraude que se realiza por este sistema con lo cual el efecto es que «no se disuade al delincuente fiscal».
España se encuentra diez puntos por encima de la media de los países europeos en lo referente a la economía sumergida y el fraude fiscal, hasta el punto de que «en muchos casos es el doble», aclaró el sindicalista. Una situación que afecta directamente al endeudamiento de los ciudadanos, sobre todo a los de balears, que encabezan el ranking nacional.
Según dijo Tato, la Agencia Tributaria es «muy eficaz» con los pequeños contribuyentes, sobre los que interviene ante el más «mínimo desliz» en su declaración del IRPF. En cambio, ante los «grandes defraudadores» y los delincuentes fiscales que crean empresas con el objetivo de delinquir, no es efectiva, por su «lento procedimiento burocrático», y el resultado es que se acumulan las deudas pendientes, hasta alcanzar la cifra de 20.000 millones de euros en 2007 para toda España.