C. ROIG
Los propietarios consideran que las once licencias ya concedidas por el Ayuntamiento de Sant Joan en Benirràs podrán finalmente ejecutarse porque existe una disposición adicional en la ley de medidas urgentes de protección territorial que así lo permite. Se trata de la disposición adicional primera, que indica que «no quedará alterada la eficacia de los actos administrativos firmes que se hayan dictado en aplicación de las normas que se derogan». El abogado de los propietarios, Jaume Roig, explicó ayer que las licencias son actos administrativos firmes y por eso entiende «que las suspensiones de licencias quedan levantadas y que los propietarios ya pueden construir en las condiciones autorizadas».
Roig indica que también deberían autorizarse las licencias que estén ahora mismo en trámite en Benirràs, porque hay otra disposición transitoria que se refiere a que deberán continuarse con las solicitudes de autorizaciones que estaban en tramitación cuando entró en vigor la moratoria. El letrado no sabe ahora mismo cuántas licencias puede haber en este último caso, porque tan sólo ha hecho una «primera lectura» de la ley.
Roig se congratuló de que finalmente el texto recoja su petición de que se respetasen las licencias ya otorgadas, aunque no entiende entonces porque fue tan difícil llegar a un acuerdo si las posturas estaban tan próximas. «Quizás haya habido una falta de coordinación entre Eivissa y Palma, no sé qué problema había para dar cinco licencias más», expresó el abogado. Entre estos once permisos ya otorgados están las famosas «licencias exprés» que otorgó el Ayuntamiento de Sant Joan poco antes de que se aprobara la moratoria.
Postura del PSOE
Sin embargo, el diputado del PSOE Joan Boned explicó que no está tan claro que esta disposición adicional pueda aplicarse en el caso de Benirràs. Boned matiza que se refiere a actos administrativos firmes que se hayan dictado en aplicación de las normas que se deroguen con la ley, pero Benirràs responde a una ampliación de un espacio protegido. «Tan claro no debía estar, porque incluso el PP pidió que las licencias concedidas tuviesen validez», explicó Boned, que de todas formas indicó que el Govern estudiará las consideraciones de los propietarios.
Por otro lado, y ante la confusión reinante en este asunto, el Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido encargar un estudio jurídico para ver cómo debe aplicar la ley de medidas urgentes de protección territorial que entró en vigor este fin de semana y que protege Benirràs. Según informó Radio Ibiza Ser, el alcalde estará a expensas de lo que digan los juristas.