Tanto el grupo ecologista GEN como un celador del Consell comprobaron ayer que se están realizando obras en una parcela de Benirràs que cuenta con una licencia de mayo del año pasado pero que ha quedado afectada por la ley de medidas urgentes de protección del territorio, con lo que esa zona ha pasado a ser declarada como Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Al constatar este hecho, el GEN pidió ayer al Ayuntamiento de Sant Joan la inmediata paralización de estas obras, porque la ley supone una ampliación del ámbito de la Llei d'Espais Naturals (LEN), que es una norma urbanística que «deja sin efecto» los planes, normas y proyectos de urbanización y parcelación y, por tanto, «las licencias urbanísticas amparadas en régimenes urbanísticos anteriores». Si no se paralizan las obras, el GEN estudiará la posibilidad de denunciar los hechos ante Fiscalía para que «se aclaren las responsabilidades penales en las que se pueda estar incurriendo».
Fuentes del Consell explicaron que ayer mismo enviaron un celador de la institución que comprobó la presencia de una máquina en una parcela que contaba con licencia. Se trata de la misma excavadora que tuvo que ser paralizada en su día tras la aprobación de la moratoria urbanística y que trabaja en un solar que cuenta con un permiso de mayo de 2007. Desde la máxima institución insular no se quisieron pronunciar ayer sobre si los movimientos de tierra eran legales o no. Cabe recordar que aunque la ley de medidas urgentes declara inedificable esta área, el abogado de los propietarios ha dicho en los últimos días que existe una disposición adicional en la ley que permite ejecutar las licencias ya concedidas.
Desde el GEN explicaron ayer que también han hecho llegar al Ayuntamiento de Sant Joan una solicitud de información sobre el número de plantas que se hubieran podido autorizar para edificación, porque desde el grupo ecologista entienden que esta planificación «podría incumplir la altura máxima permitida en el PTI por ser autorizable sólo una planta en zonas con una pendiente de más del 20%». Por eso piden al Ayuntamiento asuma sus responsabilidades y anule los acuerdos de otorgamiento. Los ecologistas criticaron además la «inaudita velocidad» con la que Sant Joan otorgó una serie de licencias para «eludir la norma territorial que se estaba tramitando en el Parlament» y recuerdan que Fiscalía ha abierto una investigación sobre ello. Asismimo solicitan que se aclaren varias segregaciones hechas en la zona.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, se mostró ayer sorprendido por esta denuncia del GEN porque aseguró no tener conocimiento sobre la presencia de obras en Benirràs. «No tengo ninguna información de que se estén haciendo obras allí y si las hay deben haber empezado hace poco», explicó Marí, que recordó que hace un par de días firmó un decreto en el que solicitó un informe jurídico al secretario de la institución y a un experto en urbanismo externo para que marquen el camino a seguir por el Ayuntamiento en Benirràs una vez aprobada la ley de medidas urgentes. Marí sabe que el abogado de los propietarios sostiene que las once licencias concedidas en Benirràs se pueden ejecutar en base a una disposición legal y aunque «lo respeta» no tomará ninguna determinación hasta que exista un informe sobre el tema. Pese a que el alcalde no conocía estas obras, otras fuentes indicaron que una patrulla de la policía local de Sant Joan visitó ayer las obras.