La Asociación de Usuarios y Propietarios de Amarres de Marina Botafoch, por boca de su presidente Carlos Harto, ha denunciado «la persecución» que, según su opinión, está realizando la Autoritat Portuària de Balears (APB) sobre los trabajadores autónomos que realizan trabajos ocasionales en el puerto deportivo y a quienes se les está reclamando que paguen una tasa de 600 euros por realizar su actividad dentro del recinto portuario dependiente del Estado.
Un portavoz oficial de Puertos del Estado defendió la legalidad de las actuaciones de los celadores portuarios, que el cobro se basa en la actividad habitual de estas personas dentro del recinto portuario, «con lo cual lo que perseguimos es controlar un intrusismo que perjudica a las empresas que sí pagan las tasas».
Los propietarios aseguran que la Administración ignora diversas sentencias en que los jueces han fallado en contra de la legalidad de esta imposición y asegura que la APB tan sólo persigue con su actuación un «afán recaudatorio».
«Nosotros recurrimos la obligación de las empresas con sede social dentro del puerto de pagar este canon y el juez nos lo denegó al considerar que era legal», relata Harto. «Al mismo tiempo, habíamos denunciado sanciones impuestas a trabajadores que venían a hacer labores aquí y el juez ha resuelto que los trabajadores que realizan labores esporádicas en los barcos no tienen la obligación de pagar la tasa, la Autoridad Portuaria lo sabe aunque a veces niega conocer las sentencias y para evitar problemas lo que hace es no molestar a quienes les han ganado el pleito y perseguir a los demás», continuó.
«A veces las sanciones se siguen con pocos días de diferencia, sin dar ni siquiera el plazo legal para poder recurrir y determinar si es justo o no sancionar», lamenta el representante de los propietarios.
Ante estas acusaciones, desde la Autoritat Portuària se explicó que se conocían las resoluciones judiciales «en las que el juez, por cierto, obliga a retirar la sanción no porque considere ilegal esta tasa si no porque no se podía demostrar la reiteración de la actividad dentro del puerto».
Las críticas de Harto reflejan el malestar de los propietarios de empresas ubicadas dentro de los puertos deportivos quienes tienen que hacer frente a una doble imposición para poder realizar su actividad.
«Nosotros tenemos que pagar el Impuesto de Actividad al Ayuntamiento como cualquier empresa de la ciudad, pero además tenemos que pagar la tasa a Autoritat Portuària, la cual ya se beneficia de nosotros porque Marina Botafoch es una concesión por la que recibe un dinero», asegura el empresario, quien recuerda que las empresas que trabajan en puertos deportivos fuera de los puertos del Estado no tienen esta presión fiscal extra.
Por otro lado, Harto calificó de una actuación «cercana al acoso» a los autónomos contratados para trabajos esporádicos en el puerto. «Tratan de que paguen una tasa igual que si fueran una empresa de aquí y muchos de ellos lo hacen por miedo a no poder trabajar», apuntó.