El pleno del Consell aprobará el lunes en pleno una nueva norma cautelar previa a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) para evitar que se construya en Benirràs, Cala d'Hort, Roca Llisa y Punta Pedrera (zonas afectadas por la ley de medidas urgentes de protección del territorio) y en el espacio no desarrollado de las urbanizaciones de Illa Blanca y Na Xemena en Sant Joan. Además, esta norma cautelar convierte de nuevo en suelo rústico espacios como ses Variades y otros suelos urbanizables de Cala Tarida, Port des Torrent y Platja d'en Bossa.
El Consell executiu aprobó ayer la norma, que será ratificada el lunes en un pleno extraordinario. De esta forma se evitará que se construya en determinados espacios hasta que no esté modificado el PTI. Se ha actuado con mucha cautela para evitar movimientos por parte de promotores o de ayuntamientos y evitar que se vuelvan a dar licencias como las que se dieron por parte del consistorio de Sant Joan en Benirràs pocos días antes de la anterior moratoria.
Ses Variades
Este ha sido uno de los espacios de los que más se ha hablado, ya que en él existe un proyecto bendecido por el Ayuntamiento de Sant Antoni para construir 469 viviendas y un puerto deportivo. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, y la ex consellera Stella Matutes están imputados por un presunto delito de tráfico de influencias por votar a favor del PTI que lo convertía en urbanizable. Ahora el Consell, a través de esta norma cautelar lo transforma de nuevo en rústico y lo deja como estaba inicialmente en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que en su día aprobó Matas.
También se retornan a su condición de rústicos seis sectores de Sant Josep: dos en Platja d'en Bossa, dos en Cala Tarida y otros dos de Port des Torrent. Estos dos últimos son los únicos que no están desarrollados urbanísticamente, porque el resto están construidos en mayor o menor medida. Otro de estos espacios, situado en Cala Tarida, pertenecía a la familia de Antoni y Joan Marí Tur (PP) y fue objeto de una denuncia del GEN.
Todos estos suelos habían sido desclasificados por las DOT en 1999 porque se constató que existía un exceso de presión sobre la costa y se decidió convertir en rústicos todos aquellos espacios de costa urbanizables que no contasen con proyecto de urbanización. Sin embargo, en 2003 el PP, a través de dos leyes, una de medidas específicas y otra de acompañamiento de los presupuestos, ofreció el marco legal para que volvieran a ser urbanizables con las consiguientes críticas de la izquierda de «hacer leyes a medida» porque algunos terrenos pertenecían a la familia Marí Tur o Matutes. «Entendemos que se favoreció directamente a personas concretas», explicó ayer Miquel Ramon, que indicó que esta normativa «a medida» se ha derogado recientemente por parte del Govern con la ley de medidas urgentes de protección del territorio y por eso ahora se plasmará en el PTI. Ramon insistió en que algunos de estos sectores se han desarrollado «al margen de la ley» sin contar con proyectos de urbanización. Esta edificación ya consumada no se podrá derribar y algunos suelos ya no tienen tampoco las condiciones físicas de rústico. Por eso tendrán que ser los ayuntamientos en el futuro los que tengan que estudiar qué hacer caso por caso y podrán además hacer unidades de actuación para que los dueños cedan el terreno que le corresponde a los consistorios.
Benirràs y Roca Llisa
El Consell también aprueba el lunes una moratoria para que no se pueda construir en Punta Pedrera, Roca Llisa, Cala d'Hort y Benirràs. Aunque estos espacios están protegidos por la ley hay una «discrepancia jurídica» entre el Ayuntamiento de Sant Joan y el Consell sobre si las licencias ya concedidas se pueden ejecutar o no. «Esto podría dar lugar a que se desarrollen licencias que entendemos que no se pueden desarrollar», explicó Ramon, que indicó que de esta forma también dará tiempo a crear el consorcio con los ayuntamientos que defina si alguno de estos permisos se puede ejecutar, si se tiene que indemnizar o si se tienen que trasladar los derechos urbanísticos.
Dentro de esta moratoria también se han includo na Xemena (una antigua urbanización en zona LIC y ZEPA y rodeada de espacios de gran valor ambiental) y Illa Blanca (una urbanización que «no existe administrativamente» pero cuya obra está físicamente hecha). En estos dos espacios, donde se preveían desarrollos en el PTI, tampoco se podrá construir a partir del lunes.
En la norma también se incluye, a modo de recordatorio, que los ayuntamientos deben cumplir lo que marca la nueva ley estatal del suelo y la ley de medidas urgentes sobre las dotaciones que son necesarias para que un suelo sea urbano. «Esto es para que no pase esa cosa tan habitual en esta isla, que era convertir en urbanos suelos sin las dotaciones necesarias».Esta norma permitirá al Consell tener un poco más de tiempo para crear el consorcio con los ayuntamientos y ver si las actuaciones sobre Benirràs, Cala d'Hort, Punta Pedrera y Roca Llisa se pueden introducir ya en la modificación del PTI.