La norma cautelar previa a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) fue aprobada ayer en el pleno del Consell con los votos en contra del PP, que vaticinó una «parálisis total» de la construcción y un «agravamiento» de la crisis económica. Con esta norma cautelar se devuelven a rústicos suelos como ses Variades y seis sectores de Sant Josep situados en Platja d'en Bossa, Port des Torrent y Cala Tarida, además de dictarse una moratoria sobre los suelos ya protegidos de Benirràs, Roca Llisa-Cap Martinet, Punta Pedrera y Cala d'Hort. La suspensión de licencias afecta también a otros dos núcleos de Sant Joan: Na Xemena e Illa Blanca.
El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, defendió que esta norma no se puede considerar una moratoria de carácter general, por lo que tampoco cree que pueda provocar una crisis en la construcción. «Sólo afecta a once licencias de vivienda unifamiliar en Benirràs. ¿Esto es lo que provocará graves efectos sobre la economía de la isla?», se preguntó Ramon, que indicó que éste es el momento ideal para introducir cambios porque los ayuntamientos todavía están revisando sus planeamientos urbanísticos para adaptarlos al PTI.
Sin embargo, el portavoz del PP, Pere Palau, cree que la moratoria sí tendrá efectos importantes. «Si sólo afecta a once licencias de Benirràs, ¿por qué tanto bombo y platillo?», inquirió Palau, que indicó que ya se han aprobado tres instrumentos de protección del territorio en un año entre el Govern y el Consell. «Ya llevamos tres, ganarán ustedes a la señora Costa y mira que entonces se hicieron moratorias», explicó el portavoz popular, que criticó que el presidente del Consell haya cambiado de opinión porque antes de las elecciones no quería cambiar el PTI y ahora sí lo va a hacer.
Palau también cree que no era necesario ahora aprobar una norma cautelar porque «no había peligro de construcción» en estos puntos y se preguntó qué pasará cuando se apruebe la ley balear del suelo, que obligará a hacer nuevos cambios en el PTI. Además, la moratoria contribuirá a la crisis económica, según los populares, en una situación delicada para las Pitiüses porque ya ha habido un 15% de turistas menos en lo que va de año. «Ustedes como administración pública deberían incentivar la economía, al menos Zapatero ha hecho lo de los 400 euros, pero ustedes nada; y dice que se paralizarán once licencias, pero ¿cuántas se dejarán de dar?, ¿qué harán con estos suelos rústicos que se crean ahora?», se preguntó Palau, que criticó que se haya dicho que ses Variades se recupere para el pueblo. «Que yo sepa, sigue siendo de 20 propietarios y si se quiere que sea del pueblo hay que expropiar o comprar y ya sabemos cómo está el culebrón de ses Feixes», explicó el popular. También vaticinó un aumento de los precios de la vivienda, porque quedará menos suelo edificable, y una mayor construcción porque los ayuntamientos no podrán aprobar sus planeamientos y tendrán que recurrir a sus viejas normativas, más desarrollistas, como ha pasado en Vila.
Ramon respondió que la norma «tendrá un efecto», pero no «catastrófico» como dice el PP, y defendió la moratoria para Benirràs porque existía una «discrepancia jurídica» con Sant Joan que estaba provocando que se hicieran obras. En cuanto a los siete sectores que vuelven a ser rústicos, el conseller destacó que en muchos se construyó irregularmente (cuatro de los siete están ya edificados). «Se estaban tramitando licencias y en algún caso ya había informes favorables para conseguirlas», insistió Ramon.
El PP propuso al equipo de gobierno que retirara la norma cautelar para constituir una comisión y llegar a un consenso, pero el conseller d'Ordenació Territorial, Miquel Ramon rechazó la oferta. «Eso estaría bien si los ayuntamientos del PP no dieran 'licencias exprés' y no permitieran dar licencias en espacios protegidos», explicó Ramon, que indicó que también habría que retirar el convenio de ses Variades, que contempla la construcción de más de 400 viviendas. Ramon justificó la conversión a suelo rústico de ses Variades y otros seis sectores de Sant Josep porque así estaba en las Directrices de Ordenación Teritorial (DOT) que hizo Matas, aunque fue modificado con las «leyes a medida» del PP, que respondían a «intereses muy concretos» y que se tramitaron «antirreglamentariamente». «Dijimos que lo cambiaríamos y así lo estamos haciendo», expresó Ramon.
Uno de los puntos sobre el que hubo discrepancias es un artículo de la norma que endurece las condiciones para dar una licencia, ya que se tendrá que contar con todos los servicios (calles, alumbrado, etc.) para conseguirla. Esto, según el Consell, dará más seguridad jurídica porque se evitará creación de núcleos urbanos sin servicios, como ocurría hasta ahora, y que luego éstos tengan que ser asumidos por los ciudadanos y no por el promotor. Esto, según Palau, afectará mucho a la construcción e incluso puede haber dificultades para «hacer VPO».
El portavoz del PP indicó que los ayuntamientos del PP «no tienen la culpa» de que el Govern «haya hecho mal» la ley territorial y ahora se haya dado cuenta de que las licencias de Benirràs sí se pueden ejecutar. Palau aseguró que incluso los servicios jurídicos del Govern reconocen que los once permisos de Benirràs son válidos.
También se quejó de que con las leyes territoriales del Govern y con la norma del Consell se afectan más de 25 artículos del actual PTI. Ramon lo negó e indicó que con la norma sólo se modifica un apartado de una norma del PTI y otro del anexo primero.