La futura Ley de Servicios Sociales de las Illes Balears, que modifica la normativa de 1987, «establece como obligación el alojamiento, la alimentación y el vestido» de todas los residentes. Uno de los principales objetivos del proyecto es «garantizar el derecho a que nadie pase hambre».
Así lo destacó ayer la consellera de Serveis Socials, Josefina Santiago, durante la presentación del borrador de la nueva ley, quien añadió que existen diversas fórmulas para proporcionar una «ingesta mínima de alimentos», tales como la creación de una bolsa de alimentos, incrementando la presencia de comedores sociales en los municipios, o financiando los comedores escolares a aquellas familias que presentan dificultades para «poder pagar la alimentación a sus hijos».
La iniciativa, que comenzará su tramitación en octubre plantea la aprobación de un decreto en el que se define una cartera de servicios sociales que determinará los «derechos subjetivos» que podrá reclamar cualquier ciudadano y que, de no cumplirse, podrán ser reclamados en los tribunales.
Esta cartera propone los ratios de asistencia social, de modo que cualquier persona que acceda a la red de servicios sociales disponga de un «profesional de referencia», que deberá proporcionar al usuario una «información verídica».