El presidente de la Asociación de constructores de la Pimeef, Juan Andrés Roig, se quejó ayer de que la nueva norma territorial del Consell no les ayuda «en absoluto», aunque tan sólo afecte «a pocas licencias». «Ya tenemos una moratoria en zonas ANEI y ahora nos presentan otra, nos están acotando poco a poco el trabajo», explicó Roig, que quiere hablar con el Consell para ver «qué quieren hacer» porque «igual dentro de tres meses nos sacan otra cosa». «Y eso que decían que no harían nada», lamentó el presidente de los constructores, que señaló que poco a poco las empresas van notando que hay cada vez menos trabajo.
Esto se une a la crisis que está atravesando el sector de la construcción. «El trabajo se va acabando y no se concretan encargos nuevos; seguro que a finales de este año habrá empresas con dificultades», indicó Roig, que explicó que en los datos del paro ya se ha notado un incremento de los desempleados de la construcción. «Quien más quien menos ha tenido que reducir plantillas y veremos cómo salen los datos del paro de junio», añadió el presidente de los constructores, que aseguró que hay cierta «preocupación». Además, muchas empresas de la península que trabajan aquí ya tienen impagados fuertes. «Empieza a haber enganchadas, más entre las empresas de fuera, porque las de aquí no están tan mal, pero en Valencia y en Cataluña la parada ha sido muy drástica y hay una falta de liquidez enorme», expresó Roig, que indicó que también hay ya alguna empresa de Eivissa que empieza a tener dificultades para pagar a proveedores.
La norma lo reconoce
El texto de la norma territorial aprobada por el Consell establece que puede provocar «impactos negativos» sobre el medio socioeconómico derivados de las «limitaciones del desarrollo urbanístico». De todas formas, defiende que a medio y largo plazo puede suponer el «establecimiento de principios de sostenibilidad territorial», algo que destaca que es especialmente importante en un territorio como el insular. A través de la norma se convierten en rústico suelos como ses Variades, dos sectores de Platja d'en Bossa, otros dos de Cala Tarida y otros tantos de Port des Torrent. Además, se dicta una moratoria sobre Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera, Cala d'Hort, na Xemena e Illa Blanca.
En el texto de la norma, que ha salido hoy a exposición pública y se puede consultar en el Consell, también se explica que varias de las zonas que se protegen, como por ejemplo las de Cala Tarida, cuentan con un «grado de asentamiento casi total», con «pocos valores ambientales». En cuanto a ses Variades, Port des Torrent y Platja d'en Bossa, destaca que están ubicados en torno a otros espacios consolidados urbanísticamente y sufren «un cierto grado de deterioro y abandono» con presencia de residuos y materiales de construcción, aunque «mantienen una serie de valores ambientales a destacar».
Por otro lado, los constructores se refirieron a otro punto de la norma en la que se establece que sólo se podrá empezar a construir en un solar si cuenta con una red viaria adecuada, con redes de agua, de energía eléctrica, etc. Roig consideró que es «absurdo» asfaltar antes de que se acabe la obra porque supone un «sobrecoste» para las empresas, ya que al final de la construcción hay que volver a asfaltar por el paso de camiones.
Desde el colegio de arquitectos enviaron ayer una circular a sus asociados para alertarles de la nueva norma.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, informó ayer de que ni en na Xamena ni en Illa Blanca hay obras en marcha que se hayan tenido que parar debido a la nueva moratoria. «No tenemos conocimiento de ninguna», expresó Marí, que recordó que hace algún tiempo sí que paralizaron por decreto unos trabajos de remodelación en na Xemena. En cuanto a Benirràs, explicó que se ha estado mucho tiempo diciendo que se tenía que parar cuando ahora los hechos han demostrado que ha habido que hacer una moratoria porque la ley de medidas urgentes no dejaba claro si se podía construir o no y había múltiples interpretaciones jurídicas. «Ahora ya hay una moratoria y sí que está claro que hay que parar», indicó Marí, que asegura que siempre se ha ceñido a la legalidad. Recordó que la LEN ya recortó en un 75% las posibilidades de crecimiento de na Xemena. «En este espacio nunca hemos tenido unas pretensiones exageradas, aunque sí que lo recogíamos en nuestras normas como núcleo rural», aclaró Marí, que indicó que no se habían dado licencias de nueva construcción y si las había «eran de épocas anteriores al PTI y a las moratorias» porque no se habían caducado los permisos. «Podría haber alguna licencia de remodelación, pero nunca de nueva construcción», remarcó. En cuanto a Illa Blanca, era una reserva urbana sin plan parcial y lo único que se ha hecho hasta ahora eran obras de acabado de lo que ya había allí. «En las normas lo pusimos como un asentamiento en suelo rústico, tal y como lo decía el PTI», añadió el alcalde, que está preocupado por cómo se modificará el PTI. También indicó que «no es forma de trabajar» ni es «correcta» la forma en la que se ha actuado en todo este asunto.