El Juzgado de lo Penal número 2 ha condenado a los dueños del complejo turístico Las Dunas a un año y seis meses de prisión, y a pagar una multa de más 16.000 euros por ser responsables de un delito contra la ordenación del territorio. Se les acusaba de construir una piscina y realizar una ampliación del negocio sin licencia.
La juez, sin embargo, considera que este matrimonio, formado por Juan Font y Juana María Camps, no es responsable de un delito continuado de desobediencia y de otro de daño contra el medio ambiente, tal y como sostenía el fiscal, que pedía seis años y medio de cárcel para ambos.
La sentencia considera probado que la piscina y la ampliación del establecimiento hotelero se realizó sobre un suelo no urbanizable forestal protegido, situado en Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) y en la zona de servidumbre de protección de Costas, además de que el sistema dunar sobre el cual se levanta todo el complejo turístico ostenta el más alto nivel de protección. Ni la piscina ni las obras contaban con autorización del Ayuntamiento de Formentera. «Sea cual sea la óptica desde la que se contemple la construcción de la piscina, no puede llegarse más que a la afirmación de que la construcción carecía de cobertura legal», indica el fallo judicial.
Sin embargo, la juez no aprecia daño grave al medio ambiente porque no ha quedado acreditado. Únicamente hay una denuncia que habla de que la edificación de la piscina podía haber afectado a 140 metros cúbicos de arena. «De la prueba pericial practicada no se desprende que las obras realizadas generen diversos tipos de impacto sobre el ecosistema ni que supongan un riesgo para los sistemas naturales», indica la sentencia.
En cuanto al delito continuado de desobediencia a la autoridad, considera que el mero incumplimiento de un fallo judicial o resolución administrativa no es punible pues el remedio a ello es la ejecución forzosa.
Durante el juicio, los dueños de Las Dunas se acogieron a su derecho a no declarar. Ambos ya habían sido condenados anteriormente a pagar una multa de 5.400 euros cada uno por un delito continuado de defraudación de fluido eléctrico, porque se conectaron de forma clandestina al contador de electricidad de la vivienda de un vecino para alimentar el complejo turístico. Se da la circunstancia de que Juan Font ya cuenta con una condena anterior por atentado a la autoridad por agredir al ex concejal José Ramón Mateos y a un polícía local.