La ex consellera de Vies i Obres, Stella Matutes y el alcalde de Sant Antoni, José Sala, pospusieron ayer su declaración ante el magistrado de instrucción nº3 de Eivissa, Pablo Mendoza, que les ha imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI), un documento que en 2004 calificó como urbanizable el terreno ses Variades de Sant Antoni.
Según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sala había cambiado su cita ante el juez con antelación mientras que Matutes, que sí tenía previsto acudir, tuvo un problema a último momento debido a que su abogado no se pudo desplazar desde Madrid por un percance de vuelos. Ahora, ambos vuelven a tener una cita en los juzgados el próximo lunes.
La imputación de la ex consellera y el alcalde de Sant Antoni es una solicitud del fiscal que tiene que ver directamente con la calificación como urbanizable de ses Variades, donde está previsto edificar 469 viviendas y un puerto deportivo, y cuya propiedad ha estado relacionada con empresas Matutes.
En este sentido, el magistrado considera que ni Matutes ni Sala han incurrido en un caso de prevaricación en ses Variades, aunque sí aprecia una posibilidad de tráfico de influencias o información privilegiada. En el caso de la ex consellera de Vies y Obres, el juez considera que «hubo negociaciones» previas a la aprobación del PTI respecto a este espacio en el que tiene intereses su familia. «Existe un movimiento empresarial cercano al entorno familiar de la sra. Matutes que se desarrolla paralelo a la tramitación del PTI y que se adelanta a su aprobación», dice el auto.
En el caso del alcalde de Sant Antoni, el magistrado destaca que firmó el convenio urbanístico de ses Variades en febrero del 2005 con la empresa Realia Business, unos días antes de que se aprobara el PTI.