La ex consellera de Vies i Obres, Stella Matutes, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción Número 3 por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de ses Variades. Fue un testimonio muy genérico y poco esclarecedor, según la fiscal Susana Fernández, en el que la ex consellera aseguró desconocer los términos específicos del Plan Territorial Insular (PTI) que en julio de 2004 reclasificó como urbanizable esta zona de Sant Antoni, un espacio cuya propiedad ha estado relacionada con Empresas Matutes.
La ex consellera aseguró al magistrado Pablo Mendoza que, desde su conocimiento, el PTI no hacía expresa referencia a este espacio y también señaló que el documento se aprobó en términos generales y como una votación de grupo, en este caso, del Partido Popular. Así lo explicó la fiscal quien indicó además que Matutes dijo en su comparecencia no recordar cuál era su participación en la empresa Urcoisa, que formó parte de la sociedad Marina San Antonio Abad S.L. Según el auto del juez, esta sociedad está destinada a la explotación de puertos deportivos y fue constituida por ésta y otras empresas del grupo Matutes y por Realia Business, inmobiliaria que adquirió los terrenos justo el día que se conformó la sociedad.
Por último, Fernández señaló que la ex consellera dijo desconocer también el convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Sant Antoni firmó con Realia Business y que permitía la construcción de un puerto deportivo y 469 viviendas en ses Variades. Un convenio que, según el auto del juez, se firmó unos días antes de que se aprobara el PTI, por lo que el alcalde José Sala tuvo que declarar, también, como imputado por presunto tráfico de influencias.
Cabe recordar que el magistrado citó a declarar a la ex consellera porque aprecia una posibilidad de tráfico de influencias o información privilegiada debido a que en el auto considera que «hubo negociaciones» previas a la aprobación del PTI respecto a este espacio en el que tiene intereses su familia.
En el auto, el juez considera probado que durante varios meses, y siendo consellera, Matutes formó parte de una empresa «vinculada con terrenos que inevitablemente se iban a ver afectados por el PTI» ya que renunció a su puesto en el consejo de administración de Urcoisa el 30 de junio de 2004, un mes antes de la aprobación. El juez también señala en el auto que la ex consellera no se abstuvo en los plenos referidos al PTI y «emitió los votos que, a priori, parecen más favorables para los intereses de esa empresa».
«Absolutamente tranquila»
A la salida del juzgado, la ex consellera no quiso dar detalles de su declaración aunque destacó estar «absolutamente tranquila» y «contenta de haber podido declarar». «Espero que las cosas avancen y se aclaren cuanto antes, que es lo que he querido siempre», destacó Stella Matutes. «Estamos muy contentos de cómo ha ido todo y estoy igual de tranquila que que he estado siempre. Tampoco quiero hacer más comentarios porque está todo en manos de la Justicia y creo que es oportuno no dar más explicaciones», agregó Matutes, quien señaló que, si bien len ha «preguntado muchas cosas», prefirió «no entrar en detalles» ante la prensa porque, según destacó, «los detalles los tiene el juez».
Los terrenos de ses Variades, ubicados en la zona costera de Sant Antoni, han sufrido numerosos cambios en su clasificación. Primero fueron convertidos en rústicos por las DOT de Jaume Matas y después el PP los recuperó como urbanizables mediante el PTI. Ahora, esta zona ha sido devuelta a su condición de rústico a través de una norma cautelar del Consell.
La fiscal Susana Fernández aseguró que la imputación de Stella Matutes dependerá ahora de la continuación de las tramitaciones cuyo próximo paso será la declaración del director general de la empresa Realia Business, Íñigo Aldaz, que deberá comparecer en calidad de testigo. Sin embargo no será Eivissa donde Aldaz declare debido a que no tiene su residencia aquí por lo que, según la fiscal, habrá que esperar a que envíen la declaración desde el juzgado que le corresponda. Paralelamente, continuarán las investigaciones sobre las sociedades.
Iñigo Aldaz fue quien firmó el convenio urbanístico en nombre de Realia Business y quien deberá especificar si existieron contratos privados previos al otorgamiento de las escrituras públicas, tal y como denunció el GEN en su día.