F. BARRASA/P. CANDIA
Al menos durante la segunda mitad de la pasada legislatura, el consorcio Turisme Jove carecía de liderazgo, gastaba lo que no tenía, sus directivos hacían cosas muy diferentes a lo que se refiere su cargo y, eso sí, recibían jugosos sueldos, con dietas y gastos discrecionales aparte.
Así se desprende de la declaración en el Juzgado de Guardia de quien figuró como «gerente» de la empresa pública, Damià Amengual Aloy, quien durante dos horas de testimonio fue incapaz de precisar cuáles eran las funciones por las que dijo percibir 2.700 euros al mes, aunque minutos después precisó que ni siquiera se acordaba del sueldo.
Amengual señaló a preguntas del juez y de los fiscales que entre la gran desenvoltura de Juan Francisco Gosálbez, jefe de Mantenimiento y Servicios y subordinado suyo, para manejar a diario todos los grandes asuntos de Turisme Jove, y su absoluta confianza en las decisiones y recomendaciones de Juan Francisco Gálvez, director general de Joventut del Govern, su tarea como presunto gerente vino a limitarse a «reuniones» -casi siempre con fondo gastronómico-, y envíos de flores a empleadas que tenían un hijo o perdían un familiar.
Para Amengual, a punto de cumplir 48 años, ese alejamiento de las tareas de alta dirección que sugerían su puesto y su sueldo no tiene nada de extraño, por cuanto carece de otros estudios que el bachillerato y antes de Turisme Jove sólo había trabajado como administrativo en la fábrica de vinos de su padre.
Respecto a la percepción de comisiones desde los contratistas con el consorcio, que Anticorrupción persigue en su querella, Amengual negó tajantemente haber recibido un euro. «Gosálbez no me repartió nada, y a lo mejor el director general se llevaría algo», dijo en sede judicial.
Gosálbez habla
Por otra parte, casi tres semanas después de su detención acusado de malversación de caudales públicos y cohecho, Juan Francisco Gosálbez, que fuera jefe de Mantenimiento y Servicios de Turisme Jove, romperá su silencio esta mañana en el Juzgado de Instrucción 8 de Palma, que lleva provisionalmente las diligencias del caso. En el escrito de su abogado para solicitar la «declaración voluntaria», consta también la petición de libertad para su patrocinado, el único de los diez imputados en la querella de la Fiscalía de Balears que está en prisión.
La estrategia defensiva de Gosálvez ante una batería de imputaciones que están penadas con varios años de reclusión, es, en primer término, la de mostrar cooperación para el esclarecimiento de los hechos, es decir, responder al menos a una parte de las preguntas que tienen preparadas los fiscales, sobre todo si era consciente de que con sus decisiones abocaba al consorcio a la quiebra.
Tras escucharle, la Fiscalía informará al juez si sigue manteniendo que Gosálbez debe permanecer en la cárcel para no interferir en la investigación, o por el contrario propone su libertad provisional con fianza.