Navegar en amarillo no ha sido tan guay este verano como promete la publicidad de Iscomar. Según los datos de la Direcció General de Consum del Govern, la naviera menorquina acumula en lo que va de año 130 denuncias de usuarios, una cifra que supone tres de cada cuatro de las 170 reclamaciones presentadas en lo que va de año por problemas en las líneas marítimas que operan con Balears.
«De estas cifras, 73 se han producido en los meses de verano y de todas ellas medio centenar se corresponden con la serie de cancelaciones que protagonizó la compañía en agosto en sus líneas con las Pitiüses», apuntó el director general de Consum, Diego González, quién recordó que «estos números no se corresponden necesariamente con los afectados puesto que muchas reclamaciones engloban a parejas, familias o grupos».
Las reclamaciones obedecen en muchas ocasiones a la falta de información facilitada por la compañía cuando se produjeron las cancelaciones, así como por los gastos motivados de alojamiento, manutención o adquisición de otro pasaje en otra compañía.
Expediente abierto
La resolución de estas reclamaciones es independiente del expediente informativo abierto de oficio por Consum tras los hechos de agosto acaecidos con el 'Pitiusa Nova' y el 'Begoña del Mar'. «Este es un proceso diferente aunque dentro de la documentación que se está adjuntando figuran las cerca de 50 denuncias de particulares presentadas», explicó González.
La investigación está muy avanzada tras haber requerido a la compañía y a las capitanías marítimas afectadas el máximo de información. «Una vez se tengan todos los datos, el instructor del expediente informativo nos podrá decir si se debe sobreseer la causa o convertirla en un expediente sancionador», apuntó el director general. «A partir de ahí se volverá a pedir información a Iscomar, se podrá fijar qué tipo de infracción se cometió así como su gravedad y su posible sanción, si es que se falla que finalmente hubo algún tipo de negligencia o irregularidad», añadió.
El Govern balear no es la única administración que está examinando la actuación de la naviera. «Estamos en conversaciones con otras autonomías que están tramitando sus propios expedientes informativos o en las que residen algunos de los ciudadanos que han presentado quejas», señaló el alto cargo. Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son las más implicadas en este proceso, aunque hay afectados en otras autonomías.
Parte de los problemas que sufren los viajeros de las navieras obedecen «a una falta de protección del consumidor puesto que se tiene que recurrir, además de la Ley de Defensa del Consumidor, al Código de Comercio aprobado en 1885 y aún vigente», explicó González.
«La norma tiene aspectos positivos pero también zonas grises que provocan la desprotección, por eso esperamos presentar antes de fin de año un decreto sobre la información que se debe facilitar, así como impulsar una ley nacional específica para el usuario de transporte marítimo», concluyó.