El pasado 1 de enero finalizó la moratoria de dos años por la que el Gobierno obligaba a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria a conseguir un permiso de residencia para poder trabajar por cuenta ajena en España.
De esta forma se pone fin a la situación que se daba desde el 1 de enero de 2007 cuando los naturales de ambos países podían circular libremente por el país pero, a efectos laborales, eran considerados inmigrantes.
La moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo podía prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. El Gobierno decidió el 19 de diciembre omitir este trámite.