La sección territorial de Jueces para la Democracia (JpD) de Balears considera que no existen razones que justifiquen una huelga en el colectivo de jueces, si bien entienden que son necesarias las reivindicaciones pactadas por las cuatro asociaciones judiciales, y que «asumen» plenamente.
En una entrevista concedida a Europa Press, el coordinador de la sección territorial de JpD en Baleares, Gabriel Fiol Gomila, opinó que «primero deberían sentarse» con el Ministerio de Justicia a negociar las demandas, por lo que se mostró partidario de establecer un calendario de negociación para analizar el manifiesto acordado por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) el pasado día 12 de enero.
Discrepancias
«Hay otras formas de negociación, antes de llegar a la última ratio que sería la que proponen muchos jueces», insistió al respecto.Tras remarcar que la sección territorial de JpD «asume el manifiesto reivindicativo», señaló que sus 18 asociados «están a la espera» de lo que decida el Comité Permanente de la Asociación, que deberá ratificarlo en la reunirá prevista para los 5 y 6 de febrero. Por otra parte, el portavoz apuntó que en la sección de Jueces para la Democracia en las Islas existen «muchas discrepancias sobre si tenemos o no derecho a la huelga», a pesar de que la Asociación de magistrados contempla que «la utilización de este derecho ha de reservarse para reivindicar o defender derechos esenciales para el poder judicial». A título personal, Fiol Gomila opinó que «no tenemos derecho a la huelga, en los términos que viene recogido por la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico», si bien, precisó que, como miembro de la asociación, «asumiré lo que decida la Comisión Permanente». En cuanto al origen del conflicto, el magistrado -quien también ostenta el cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB)- indicó que «el caldo de cultivo» fue el 'caso Mari Luz', aunque al mismo tiempo señaló que «algunas de las propuestas que se reclaman al Ministerio, como la nueva oficina judicial, los módulos de trabajo, la plena incorporación de los juzgados a las nuevas tecnologías y la formación adecuada del personas, «ya eran una aspiración que Jueces para la Democracia venía planteando desde hace muchos años».
Jueces de toda España celebrarán Juntas el próximo miércoles en sus respectivos órganos judiciales para decidir si apoyan un manifiesto reivindicativo pactado por las cuatro asociaciones judiciales que prevé la celebración de «actos reivindicativos el próximo 18 de febrero y la convocatoria de una huelga para el 26 de junio si no se atienden sus demandas, dirigidas a la modernización de la Justicia. No obstante, puede darse la circunstancia de que los jueces decidan ir a la huelga en febrero, ya que hay que tener en cuenta que más del 40 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial no pertenecen a ninguna asociación y que en el foro intranet que comunica todos los juzgados existe un grupo, de más de doscientos jueces, que se manifiesta de manera reiterada en favor de adelantar los paros.