El Govern balear quiere poner orden en las empresas públicas, institutos y sociedades instrumentales: las controlará regularmente, limitará las competencias de sus gerentes, impedirá las indemnizaciones millonarias, pondrá condiciones para sus contrataciones y fijará que ningún directivo cobre más que un conseller. Además, todos los directivos estarán sujetos a las mismas incompatibilidades de los consellers y de los altos cargos.
Así se recoge en el anteproyecto de la Ley del Sector Público Instrumental de la Comunitat Autònoma. El texto ya ha recibido sugerencias desde el Consell Consultiu. Ha sido revisado por dos conselleries (la de Presidència y la de Hisenda) y sólo falta redactar el encabezamiento o exposición de motivos para que pueda ser discutida en una próximas reunión de los partidos del Govern y luego ser aprobada y remitida al Parlament.
Esta ley, que pretende dar cumplimiento a las promesas de transparencia en el sector público, pretende poner fin a la discrecionalidad con la que funcionó el entramado público en la época de Matas. El Govern sólo se enteraba 'a toro pasado' de algunas decisiones y desconocía contrataciones de sus ejecutivos. Eso ocurrió con Bitel o con el Consorci Jove, entre otras. Casi ochenta de las 163 entidades, algunas meramente instrumentales y temporales, se crearon durante el último Govern del PP.
Control de eficacia
El artículo 20 de la ley es el que fijará los 'controles de eficacia' que corresponderán al Govern. Cada entidad tendrá que elaborar anualmente un plan de actuaciones y, en los primeros meses del año, un informe pormenorizado de todas las gestiones y contrataciones.
Las empresas públicas del Govern gestionarán este año un total de 816 millones, casi un 9 por ciento más que el pasado ejercicio, y podrán endeudarse en otros 130 millones.
Las empresas públicas han pasado de un presupuesto de 749,1 a 816,9 millones. Serveis Ferroviaris de Mallorca, con 129 millones, es la empresa pública con mayor presupuesto, seguida de la Agència Balear de l'Aigua, con 108 millones, y el Institut Balear de l'Habitatge, con 100,3 millones.
El control del gasto público es uno de los objetivos de un paquete legislativo que el Govern quiere poner en marcha y que afecta a varios proyectos. Dos consellereries, como ejemplo de transversalidad, han trabajado en la elaboración de la ley cuyo contenido adelanta este diario.
Posiblemente, el Govern no apruebe más de seis nuevas leyes en lo que queda de legislatura. La Ley del Sector Público acaba, en teoría, con el 'descontrol' de las empresas públicas. El PP la apoyará.