Los ayuntamientos de San Antoni, Sant Josep, Vila y Sant Joan no pagan dietas fijas por desplazamientos ni por asistencia sesiones plenarias o comisiones a los miembros de la corporación que tengan dedicación exclusiva o parcial. Así lo indicaron portavoces de todos los consistorios, al ser preguntados en relación a la polémica sobre el pago de dietas fijas de locomoción y desplazamientos a integrantes del equipo de gobierno (700 euros al mes) y del portavoz de la oposición (1.200 euros) en el Ayuntamiento Santa Eulària. Una dietas que fueron denunciadas en su día como «ilegales» por el grupo municipal PSOE-ExC que se remite a la Ley Municipal y de Régimen Local de les Illes Balears que indica que «los miembros de la corporación deben percibir indemnizaciones por sus gastos efectivos, documentalmente justificados» pero en ningún momento «como dieta fija», según los ediles de la oposición.
Por ayuntamientos, desde Vila explicaron que «nadie cobra una dieta como gasto fijo» y que las que se pagan se basan en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y corresponden a «la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial». En este sentido, una portavoz municipal explicó que el Ayuntamiento aplica esta regulación estatal «que establece que se tiene que pagar tanto a cargos públicos como a funcionarios en función del lugar al que se desplazan y del tiempo que están fuera de casa».
En el Ayuntamiento de Sant Joan, un portavoz aseguró que en el Consistorio no hay constancia de que se paguen gastos de locomoción a los miembros de la corporación, desde que el alcalde Antoni Marí Marí Carraca dejó el Senado y se recuperó su dedicación exclusiva al Consistorio.
En Sant Antoni, Joan Pantaleoni aseguró que «a parte del montante global que cobran tanto oposición como equipo de gobierno no se cobra nada adicional con dietas», excepto algún gasto de desplazamiento «por el que hay que presentar la factura correspondiente».
Lo mismo destacan desde Sant Josep, en el que todos los desplazamientos fuera de la isla, según señalan, deben ser justificados como gastos.
El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, defendió el informe jurídico de la Secretaria del Ayuntamiento de Santa Eulària que asegura que «las dietas son legales». «Estamos hablando al final si el alcalde cobra 700 euros más al mes o menos de 9.000 euros más al año. Y estamos siempre en lo mismo, los partidos en vez de hacer oposición en temas que interesan a los ciudadanos estamos ensuciando la función política», aseguró Pantaleoni para quien esto lo único que hace «es transimitir a la gente que los políticos somos gente corrupta». Por último, el edil recordó que estas dietas, el Ayuntamiento las aprobó en pleno por unanimidad.