El Govern balear exige a la empresa adjudicataria de las obras de las autovías, UTE Accesos Ibiza, que retire las tierras vertidas en los terrenos que el Grupo Empresas Matutes tiene en Platja d'en Bossa y las destine a regeneración de canteras.
El conseller balear Obres Públiques, Jaume Carbonero, explicó ayer durante su visita a la isla que ésta es la resolución del informe jurídico de Abogacía de la Comunitat Autònoma solicitado por su Conselleria y que ahora la empresa deberá acatarlo «de manera inmediata». «En el caso de que no lo haga nos veremos obligados a utilizar todas las vías que tiene la administración para que se recupere lo que está previsto en el proyecto», aseguró el conseller, debido a que el traslado de las tierras sobrantes a las canteras de la isla formaba parte del proyecto de construcción de las autovías y contaba con un presupuesto de un euro por metro cúbico, según destacó el director general de Obres Públiques, Antoni Armengol. Ahora, la empresa adjudicataria de las autovías deberá sufragar los gastos del traslado de estas tierras, «tanto las que suponen un depósito temporal como las que se han colocado en otros terrenos», agregó.
Por otra parte, el conseller insular de Mobilitat i Medi Ambient, Albert Prats, explicó que «el hecho constatado de que haya asfalto en estas tierras no quiere decir que no puedan ser destinadas para esta finalidad». «Dependiendo del tipo de restos que se encuentren siempre podrán ser apartados y recibir un tratamiento diferente», explicó el conseller, quien detalló que esta evaluación se realiza en las propias canteras.
Por último, cabe recordar que una reciente sentencia judicial da por hecho que la constructora de la autovía y el Grupo Empresas Matutes llegaron a un acuerdo verbal para depositar las tierras en los terrenos del ex ministro en Platja d'en Bossa donde proyecta construir un campo de golf.
Carbonero explicó ayer que aún no se ha llegado a un acuerdo por el precio de las expropiaciones de las autovías con un 60% de los afectados. En este sentido, el conseller indicó que «son totalmente libres de acudir al Juzgado Provincial de Expropiación para que dicte el justiprecio que se ha de pagar». Carbonero aseguró también que la Conselleria «no puede hacer diferencias» en los pagos por las expropiaciones, algo que, según el conseller, sí tuvo cabida durante la pasada legislatura». «Aquí se hicieron diferencias y se pagó bastante más a determinadas expropiaciones de grupos inmobiliarios concretos y eso nos lo tienen que devolver», aseguró el conseller sobre los «cerca de tres millones de euros» que el departamento balear pagó demás a Empresas Matutes (2,2 millones) y al senador Pere Torres 'Casetes' (400.000 euros). Asimismo, Carbonero destacó que, hasta el momento, se ha llegado a acuerdos con el 40% de los expropiados por un valor de total de cinco millones de euros. Los expropiados suman 150 personas.